Ecuador. viernes 15 de diciembre de 2017
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Demandantes ecuatorianos de Chevron piden congelar activos en Argentina

Chevron. Foto de Archivo, La República.

Quito, 31 oct (EFE).- Los demandantes en un proceso ambiental en Ecuador contra la petrolera Chevron anunciaron hoy que pedirán a un tribunal de Argentina que congele los bienes de la compañía estadounidense en ese país para intentar cobrarle allí una indemnización multimillonaria.


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Enrique Bruchour, abogado de los querellantes en Argentina, explicó en Buenos Aires que presentarán la solicitud de embargo “en cualquier momento a partir de mañana, jueves”, y adelantó que irá seguida de otra acción similar en Colombia.

Los letrados estiman que el valor de Chevron en Argentina supera los 2.000 millones de dólares y calculan que con sus acciones legales podrán recaudar unos 600 millones de dólares anuales en ese país.

Su meta es cobrar fuera de Ecuador los 19.000 millones de dólares, incluidos honorarios legales, que dos tribunales de ese país han ordenado a Chevron pagar por daños ambientales, dado que en el país andino la multinacional apenas tiene activos.

Juan Pablo Sáinz, uno de los abogados, dijo en Quito que solicitarán al tribunal argentino la emisión de medidas cautelares “para congelar estos bienes que estamos atacando, para evitar que Chevron los vaya a vender o se vaya a deshacer de ellos”.

Entre esos activos citaron las participaciones de Chevron y sus subsidiarias en proyectos energéticos en ese país, como el Oleoducto del Valle, así como sus dividendos, ingresos por la venta de crudo y cuentas bancarias.

Para los abogados, este proceso no debe afectar al preacuerdo alcanzado recientemente entre la compañía estadounidense y la argentina YPF para explorar en el área de Vaca Muerta.

Chevron es el cuarto mayor productor de petróleo de Argentina, con un bombeo de 35.000 barriles por día en 2011, así como seis millones de pies cúbicos de gas natural, según su página de internet.

La empresa rechazó hoy el anuncio de los abogados de los demandantes, que son un grupo de indígenas y colonos de la Amazonía ecuatoriana.

“La sentencia ecuatoriana es ilegítima y resultado de sobornos y fraude. La compañía cree que el fallo obtenido en el Ecuador no es ejecutable en ninguna corte que respete el estado de derecho”, afirmó en un comunicado.

Chevron alega, entre otras cosas, que el juez de primera instancia no redactó su dictamen, sino que lo hicieron los propios letrados de los demandantes, algo que ellos niegan.

También les acusa de sobornar a un perito designado por la corte para hacer un informe independiente sobre el daño ambiental supuestamente ocasionado entre 1964 y 1990 en la Amazonía por Texaco, que fue adquirida posteriormente por Chevron.

El caso se encuentra ahora en la Corte Nacional de Justicia de Quito, pero la sentencia ya está vigente porque Chevron no pagó una garantía que habría suspendido su ejecución mientras avanzaba el proceso.

Abogados de los afectados

De este modo, el pasado 16 de octubre un juez ecuatoriano ordenó embargar los bienes de la multinacional en el país andino, pero estos solo ascienden a unos 200 millones de dólares, contando activos de sus empresas filiales, según cálculos de los demandantes.

Los querellantes han pedido a cortes de Canadá y Brasil que ejecuten la sentencia en su territorio, del mismo modo que lo harán en los próximos días en Argentina.

Los demandantes informaron hoy de que un juez ecuatoriano ha dictaminado el embargo de los activos de la compañía en Argentina y Colombia, y ha solicitado a la justicia argentina el reconocimiento de esa orden.

Los dos países han suscrito la Convención Interamericana sobre Cumplimiento de Medidas Cautelares en el Extranjero, junto con Ecuador, y es por eso que están en la mira de los querellantes.

“Esto nos da algunas ventajas estratégicas”, afirmó Sáinz.

El convenio permite que un juez argentino congele los bienes de la compañía mientras dura el proceso para el reconocimiento de la sentencia ecuatoriana en el país austral, lo que puede durar un año o más, dijo Sáinz.

Eso no es posible en Canadá y Brasil, donde los tribunales analizan actualmente la admisibilidad de las acciones interpuestas por los demandantes, indicó el abogado. EFE