Ecuador. viernes 15 de diciembre de 2017
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Chevron pide al Fiscal que responda una carta de hace un año

Chevron. Foto de Archivo, La República.

Chevron Corporation ha reclamado ayer, mediante un comunicado, que el Fiscal Galo Chiriboga responda  una carta enviada a la Fiscalía hace un año pidiendo que investigue la conducta ilícita de los abogados de los demandantes y del juez Nicolás Zambrano.


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La compañía dice que el pedido se basó en lo que describe como pruebas contundentes de fraude en la redacción de la sentencia contra la compañía dictada en febrero 2011. Entre las evidencias presentadas en ese momento constarían los siguientes:

· Un correo electrónico de junio de 2009 del abogado Pablo Fajardo a sus colegas Steven Donziger, Juan Pablo Sáenz y Julio Prieto que fue copiado literalmente en la sentencia.

· Datos técnicos copiados en la sentencia que no existen en el expediente del caso, pero que son una reproducción de la base de datos privada de los demandantes, incluidos los errores de dicha base.

· Copia literal en la sentencia de varias partes de un memorándum privado de noviembre de 2007 de Juan Pablo Sáenz y otros miembros del equipo legal de los demandantes que no constaba en el expediente.

Expertos comisionados por Chevron dicen haber encontrado que las similitudes entre los documentos de los demandantes y la sentencia eran demasiado grandes para ser coincidencia. Concluyeron que los demandantes escribieron partes esenciales del fallo, o que el autor (o autores) de la sentencia tenían acceso a documentos internos de los abogados de los demandantes que nunca fueron presentados durante el juicio.

La carta enviada al Fiscal General hace un año señala que esta conducta fraudulenta “está causando un continuo y enorme daño a la República de Ecuador y a Chevron Corporation”.

Chevron dice que, a pesar del largo tiempo transcurrido sin respuesta del Fiscal General Galo Chiriboga, continúa esperando un pronunciamiento sobre su pedido, que desde su punto de vista atañe a lo que consideran un fraude que lesiona derechos esenciales de la empresa y compromete la administración de justicia en el Ecuador.