Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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Mineros mantienen bloqueos en Colombia

Colombia (AP) — Mineros artesanales mantenían el jueves al menos tres bloques viales, incluyendo uno de acceso hacia uno de los principales puertos del Pacífico colombiano, mientras se enfrentaban con agentes antimotines que intentaban despejar las vías.


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En el noreste del país, y en manifestación distinta que mantienen campesinos desde junio, choques con la policía antimotines dejaron tres agentes y dos civiles heridos, según las autoridades.

Los mineros artesanales entraron el miércoles en un paro indefinido en reclamo de la derogación de varios decretos, principalmente uno de octubre del 2012 que permite a la policía destruir equipos y maquinarias que estén en sitios de explotación que carezcan de títulos y licencias.

Congresistas consultados por la AP indicaron en la jornada que los paros revelan tanto una falta de habilidad oficial para anticiparse a esas protestas como muestran un pulso de poder vinculado a las negociaciones que lleva el gobierno con las guerrillas de las FARC desde fines del 2012 en Cuba, sin que se sepa exactamente ahora cuál puede ser el descenlace.

El director de la policía nacional, general José Roberto León, dijo en conferencia de prensa en su comando en Bogotá que los mineros tenían bloqueadas con tres camiones la vía hacia el puerto de Buenaventura, en el departamento de Valle del Cauca, y a unos 350 kilómetros al suroeste de Bogotá.

Otros dos bloqueos son dentro de la misma localidad de Buenaventura, indicó el oficial.

Además, dijo el jefe policial, manifestantes se enfrentaban el jueves con agentes antimotines a las afueras de Caucasia, en el departamento de Antioquia y a unos 318 kilómetros al norte de Bogotá.

En las manifestaciones por lo menos 32 personas han sido capturadas desde la víspera, y el miércoles tres vehículos fueron quemados en la vía a Buenaventura y un cuarto en Buriticá, en Antioquia, aseguró.

La Confederación Nacional de Mineros, que encabeza la paralización, asegura que al menos dos millones de familias viven de la minería tradicional a pequeña y mediana escala de oro, carbón, y arenas, entre otros, y que carecen de los recursos para poder obtener las licencias, que requieren el pago de ingenieros y profesionales para determinar la zona de explotación, entre otros requisitos legales.

Mineros calculan que una licencia ambiental de explotación puede costar el equivalente a entre 21.000 y 26.300 dólares.

El presidente de la Confederación, Ramiro Restrepo, dijo vía telefónica el jueves que en el paro participan por lo menos 250.000 personas en al menos 18 de los 32 departamentos del país y que algunos de ellos bloquearon desde la víspera la vía hacia Buenaventura.

Restrepo destacó que han hecho un llamado para que mineros levanten los bloqueos porque no era su intención manifestar de esa forma, sino sólo en concentraciones pacíficas.

Dijo que por el momento no tienen previsto ningún encuentro con autoridades para intentar resolver el paro, mientras el gobierno mantiene que no puede abolir el decreto, pero que sí está dispuesto a trabajar en la formalización de los mineros y discutir formas de facilitarles ese proceso.

El sindicato de trabajadores de la minera estadounidense Drummond aprobó la noche del miércoles ir a huelga por desacuerdos con la empresa sobre su contrato laboral, aseguró el jueves Edgar Muñoz, vicepresidente de Sindicato Nacional de la Industria Minera y Energética (Sintramienergética).

Por las leyes laborales colombianas, tras la aprobación de la huelga debe transcurrir un período de 10 días hábiles para comenzar el paro, si es que antes no hay un acuerdo con la empresa, explicó Muñoz en entrevista telefónica. De allí que la huelga sólo podría comenzar a inicios de agosto, aseguró.

Drummond, que explota una mina abierta de carbón en el departamento de Cesar en el extremo norte del país y es la segunda exportadora de carbón en Colombia, tiene al menos 3.000 trabajadores afiliados al sindicato y al menos otros 5.000 tercerizados, según Muñoz.

Entre las demandas del sindicato están ajustar en 10% su salario promedio mensual actual que es de unos tres millones de pesos (unos 1.570 dólares), así como beneficios en salud y seguridad industrial. La empresa, dijo Muñoz, ofrece un ajuste de 4,5%.

El gobierno del presidente Juan Manuel Santos se encuentra acosado por una serie de paros, el primero de ellos comenzó el 11 de junio por parte de campesinos del Catatumbo, una región del noreste del país y que demandan detener la destrucción de cultivos de coca y declarar aquella región como una “zona de reserva campesina”. Santos ha dicho que no negociará bajo presión y exige que los campesinos levanten un bloqueo de carretera que mantienen en Tibú, un poblado de unos 40.000 habitantes y que es el epicentro del Catatumbo.

El general Rodolfo Palomino, director de seguridad ciudadana, quien se encuentra en Tibú, dijo vía telefónica que en choques con la policía en esa localidad al menos tres agentes resultaron heridos.

Por su parte, César Jerez, de la Asociación Nacional de Reservas Campesinas, una de las que encabeza la protesta en Catatumbo, indicó que al menos dos manifestantes estaban heridos por esas escaramuzas en Tibú.

A la protesta de los campesinos, se sumó el paro de mineros, mientras gremios como el de los cultivadores de café debaten si también van a una huelga a partir del 19 de agosto en busca de ayudas prometidas por el gobierno a inicios de año.

El senador Juan Carlos Vélez, del oficialista Partido de la Unidad Nacional o Partido de La U, pero abierto crítico de Santos, dijo telefónicamente que “el gobierno ha dejado avanzar mucho el tema de los paros, no ha intervenido antes de que esto se dé”.

El senador Roy Barreras, también de La U pero cercano al mandatario, indicó vía telefónica que aunque la protesta del Catatumbo y el minero no sean directamente obra y decisión de las guerrillas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, sí las están estimulando con la idea de generar un respaldo popular a las negociaciones en La Habana, donde entre otros temas se negocian temas agrícolas y combate al narcotráfico.

“No se puede mantener abierta la mesa de La Habana mientras la estrategia de quienes azuzan esos paros sea incendiar el país”, añadió.