Ecuador. viernes 15 de diciembre de 2017
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La ONU alerta del “alarmante” aumento de uso de mercenarios en los conflictos

El grupo de trabajo de la ONU sobre los mercenarios alertó este martes del “alarmante” aumento de su uso en conflictos armados y pidió que se regule internacionalmente a las compañías privadas de seguridad, cuyas actividades presentan “muchos desafíos” para el respeto de los derechos humanos.


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“Los mercenarios suponen una amenaza no sólo para la seguridad, si no también para los derechos humanos y posiblemente también para el derecho de los pueblos a la autodeterminación. Es crucial que los Estados colaboren para eliminar este fenómeno”, señaló ante la prensa la presidenta de ese grupo de trabajo, Faiza Patel.

Patel, que presentó ante la Asamblea General de la ONU el informe anual del grupo de trabajo que preside, aseguró que “los recientes acontecimientos en África”, concretamente en Costa de Marfil y Libia, demuestran que “los problemas que causa el uso de mercenarios son todavía vigentes”.

La experta señaló que, pese a que los mercenarios son tradicionalmente soldados contratados para luchar en un conflicto o derribar un Gobierno, han sido usados recientemente por varios Gobiernos en contra de la población civil.

Según se desprende del informe, en Costa de Marfil hay “pruebas considerables” que el Gobierno del expresidente Laurent Gbagbo usó unos 4.500 mercenarios liberianos “para evitar los resultados de las elecciones democráticas de finales de 2010”.

También en Libia se detectó “la participación de combatientes extranjeros en la represión sobre los manifestantes pacíficos” a manos del régimen de Muamar el Gadafi, personas que fueron reclutadas en “países vecinos africanos y de Europa del Este”, según el mismo informe.

Patel señaló ante la prensa en la sede central de la ONU en Nueva York que el grupo de trabajo del organismo visitará Costa de Marfil y Libia en los próximos meses para evaluar las pruebas existentes relativas al uso de los mercenarios.

La experta de la ONU señaló que, además de los mercenarios, el grupo de trabajo está especialmente preocupado por las actividades “en continua expansión” de las compañías privadas de seguridad, que plantean “numerosos desafíos” actualmente.

“Mantener la seguridad de los civiles es una responsabilidad fundamental de los Estados y poner esa responsabilidad en manos de compañías privadas de seguridad crea riesgos para los derechos humanos, por lo que es necesario regular sus actividades”, añadió Patel.

Habló de esas compañías en Afganistán e Irak, pero también destacó que el papel de esas empresas en lugares de conflicto es “sólo la punta del iceberg, porque las compañías de seguridad privadas operan en muchas otras situaciones, como en programas de erradicación de drogas en Colombia o en otros de reconstrucción tras conflictos”.

“El impacto sobre los derechos humanos de las actividades extendidas de las compañías de seguridad privada demuestra que no pueden continuar operando sin una regulación adecuada y mecanismos que permitan la rendición de cuentas”, añadió Patel.

Alertó también de que no sólo los Gobiernos usan esos servicios de compañías privadas de seguridad, sino también las organizaciones no gubernamentales e incluso las agencias de la ONU. EFE