Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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Bloguero ruso es acusado de robo y dice que el gobierno de Putin lo acosa

MOSCU (AP) Uno de los críticos más severos del presidente Vladimir Putin fue acusado este martes de robo y enfrenta una sentencia de 10 años de cárcel, la acción más reciente del Kremlin contra la oposición.


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Alexei Navalny, un adalid contra la corrupción, abogado y también un popular bloguero de 36 años de edad, afirmó que la acusación es infundada. Navalny ha tenido una participación clave en la unificación de la joven generación rusa, que domina las redes sociales, en contra de Putin.

Hace unos meses, Navalny encabezó varias manifestaciones por las calles de Moscú que llegaron a congregar hasta 100.000 personas con miras a las elecciones de marzo, cuando Putin ganó un tercer mandato presidencial.

Putin pareció tratar de aplacar a la oposición sin ceder terreno hoy. Putin dijo que la comparación polémica que hizo de los listones blancos de los opositores y los condones no tenía la intención de insultar a los manifestantes.

Las autoridades, sin embargo, demostraron que estaban decididas a reprimir cualquier protesta que carezca de autorización, cuando detuvieron el martes a 25 personas durante una concentración en el centro de Moscú.

El Comité Estatal de Investigación informó que Navalny es sospechoso de organizar un robo de activos de una maderera estatal por un total de 16 millones de rublos (casi medio millón de dólares). Tiene prohibido salir de Moscú mientras continúe la investigación.

En Rusia, las autoridades presentan inicialmente las acusaciones para abrir una investigación penal, en un proceso largo antes del comienzo del juicio. En cualquier caso, Navalny insistió ante los periodistas que “las acusaciones son totalmente absurdas”.

Desde que Putin fue reelegido, el gobierno se ha volcado contra la oposición. Algunos activistas han sido detenidos y se han promulgado leyes para impedir las actividades de los disidentes.

El Parlamento, controlado por seguidores de Putin, aprobó un proyecto de ley que eleva 150 veces las multas a los participantes en protestas que carezcan de autorización.