Ecuador. domingo 10 de diciembre de 2017
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Gobierno español admite preocupación por imputación a la infanta Cristina

MADRID (AP) — El gobierno español manifestó este jueves su “enorme preocupación” por la imputación judicial de la infanta Cristina de Borbón, hija de los reyes, y el daño que puede causar a la monarquía.


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Cualquier cosa que afecte a una institución que ha sido capital en la transición española (a la democracia) y que es capital para el prestigio de España en el exterior causa enorme preocupación en el gobierno“, dijo el canciller José Manuel García-Margallo.

Cristina, de 47 años, acudió a trabajar como cada mañana a su puesto en la Fundación La Caixa en Barcelona un día después de que el juez la citase a declarar en calidad de imputada para aclarar su conocimiento del presunto escándalo de malversación de fondos públicos que afecta a su esposo Iñaki Urdangarín.

Aunque no hizo declaraciones, Mario Pascual Vives, abogado de Urdangarín, admitió que la infanta está preocupada.

“He visto a ambos (el matrimonio) muy unidos contra la adversidad, de lo que pase ahora y pueda pasar en el futuro”, señaló Pascual Vives, quien también desveló que no representará legalmente a la hija de Juan Carlos y Sofía.

El príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, heredero de la corona y hermano de la infanta, no se refirió directamente al caso. Pero en la entrega de despachos a 230 nuevos jueces declaró su total “confianza” en la labor que desempeña la justicia como garante de “la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos”.

Es la primera vez que un familiar directo de Juan Carlos y Sofía es imputado judicialmente. Cristina, la mediana de los tres hijos de los reyes, es la séptima en la línea de sucesión al trono español y el caso supone un nuevo golpe a la imagen de la monarquía ante una sociedad golpeada por la recesión y el desempleo.

Cristina deberá comparecer el próximo 27 de abril en los juzgados de Palma de Mallorca, en las mediterráneas Islas Baleares, donde el magistrado José Castro investiga un caso que acumula ya 42.000 folios.

La Fiscalía anunció que recurrirá la decisión de Castro al estimar que no existen indicios suficientes de culpabilidad. Es posible que la apelación retrase la fecha inicialmente prevista para el interrogatorio de la infanta.

La acusación sostiene que el yerno del rey y su socio se apropiaron supuestamente de unos 5,6 millones de dólares en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 a un instituto sin ánimo de lucro relacionado con el mundo del deporte que presidía Urdangarín.

Castro consideró en un auto que Cristina no participaba en las contrataciones y la labor diaria del instituto, pero cuestionó que desconociera las actividades de su marido y los beneficios económicos que ambos obtenían usando de manera supuestamente irregular el nombre de la monarquía.

El juez explicó que ese comportamiento podría calificarse como de “cooperación necesaria” o “complicidad”, según el Código Penal español, y aseguró que no imputar a la infanta cerraría en falso la investigación y rompería la máxima de que la “justicia es igual para todos”.

La imagen de la hija de los reyes entrando en un tribunal de justicia como imputada se suma a episodios como el polémico safari de Juan Carlos para cazar elefantes en Africa el año pasado, que han minado la credibilidad de la monarquía en un país en plena crisis económica y con un desempleo de 26%.

Toda la prensa española se hizo eco en sus portadas de esta imputación. En sus editoriales, la mayoría de los diarios consideró vital que se depuren responsabilidades.

“Es imprescindible que la justicia llegue hasta el final del caso, no sólo por tratarse de un asunto grave de corrupción sino de un escándalo que está causando un daño considerable al prestigio de la monarquía”, escribió el madrileño El País en su editorial.