Ecuador. miércoles 13 de diciembre de 2017
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Gobierno argentino defiende la ley de medios y carga contra el Grupo Clarín

Buenos Aires, 27 ago (EFE).- El Gobierno argentino defendió hoy la ley de medios audiovisuales que enfrenta al oficialismo con el Grupo Clarín, y lanzó duras críticas contra su presidente, Héctor Magnetto, en vísperas de la audiencia pública en la que la Justicia decidirá sobre la constitucionalidad o no de la norma.


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Con la audiencia pública que se celebrará este miércoles en la Corte Suprema, el máximo tribunal argentino dará uno de los últimos pasos antes de expedirse definitivamente sobre la ley, que fue aprobada por el Congreso en 2009, aunque una demanda presentada por Clarín frenó su plena aplicación.

En declaraciones a la agencia oficial Télam, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), Martín Sabbatella, subrayó hoy su deseo de que la Corte “resuelva definitivamente” y la norma pueda “aplicarse en forma integral, para que lo diverso, plural y multicolor de nuestro país consiga expresarse”.

“Durante muchos años el grupo Clarín estuvo acostumbrado a ser de los que mandaban, los que decidían y condicionaban el rumbo del país, los que se ponían por encima de todos los poderes del Estado, dictando sus propias reglas”, indicó Sabbatella.

El titular de la Afsca aseguró que tanto Magnetto como el grupo multimedia que preside, “son la clara expresión del poder concentrado” en Argentina, que “se niega a resignar su posición dominante en el mundo de la comunicación”.

“La desesperación del Grupo Clarín por mantener ese poder, hace que desplieguen todo tipo de maniobras y estrategias”, dijo Sabbatella, quien calificó a Magnetto como “uno de los personajes que más daño le hizo, y le sigue haciendo, a la libertad de expresión”.

A raíz de la demanda de Clarín, la Cámara Civil y Comercial Federal de Argentina determinó en abril pasado la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley, pero el Gobierno apeló el fallo.

Se trata del artículo 45, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías antes de la aprobación de la norma.

La jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en julio pasado la constitucionalidad de ambos artículos, y pidió a la Corte Suprema que revoque el fallo anterior.

La Corte Suprema, que solicitó el dictamen de la procuradora general, tiene ahora la última palabra en la causa.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar.

La ley fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Los grupos que excedan los máximos previstos por la ley, están obligados a desinvertir.

Clarín, el grupo más afectado por la normativa, cuestiona su constitucionalidad y considera que contiene artículos elaborados como “un traje a medida” con el objetivo de “desguazar” al mayor multimedia del país. EFE