Ecuador. sábado 16 de diciembre de 2017
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Panamá se une al frente contra las pretensiones territoriales de Nicaragua

Panamá, 11 sep (EFE).- El presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, aseguró hoy que su Gobierno hará frente, solo o con otros países de la región, a las pretensiones territoriales de Nicaragua, uniéndose así a Colombia, Costa Rica y Jamaica, que también se sienten afectados por esa política.


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“Vamos a pelear como país de forma individual o de forma conjunta, porque no podemos permitir que Nicaragua, que está lejísimos de aquí, quiera coger los mares territoriales panameños”, declaró Martinelli a los periodistas tras un acto en la capital.

El gobernante panameño confirmó que su país suscribirá junto a Colombia, Costa Rica y Jamaica una carta que expone esa situación, y que el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció el lunes pasado que entregaría personalmente a finales de este mes al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon.

“Sí, Panamá también (va a firmar la misiva) porque parece ser que Nicaragua se quiere coger todos los océanos territoriales que le pertenecen a esos países y a Panamá”, dijo Martinelli.

“Con lo que ellos (Nicaragua) están pidiendo, casi quiere llegar a la ciudad de Colón (en la costa del Caribe de Panamá) y eso no tiene ningún fundamento”, agregó.

El pasado 22 de noviembre la Cancillería de Panamá informó que revisaba de manera “exhaustiva” un fallo que tres días antes había emitido la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre un litigio entre Nicaragua y Colombia, que redefinió los límites marítimos de esos dos países en el Caribe.

El Ministerio panameño de Exteriores dijo entonces que se encontraba verificando si el fallo de la CIJ afectaba “en forma alguna” los intereses del país, sin que se haya conocido oficialmente el resultado de ese análisis.

La sentencia la CIJ dejó en manos de Colombia siete cayos del archipiélago de San Andrés, cuyas islas mayores ya se le habían concedido a esa nación en 2007, y otorgó a Nicaragua una franja marina en la zona que Bogotá calcula en unos 75.000 kilómetros cuadrados y Managua en más de 90.000 kilómetros cuadrados.

A raíz del fallo, Nicaragua entregó en junio pasado a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de las Naciones Unidas información relativa a lo que considera su plataforma continental, que se extendería más allá de las 200 millas medidas desde su costa.

El presidente Santos tildó el lunes pasado de “inaplicable” el fallo de la CIJ hasta que no se celebre un “tratado” que respete los derechos de los colombianos, y presentó una “estrategia integral” para defender la soberanía de su país de los “ánimos expansionistas de Nicaragua”.

El canciller costarricense, Enrique Castillo, desvinculó el martes el tema de la carta conjunta contra Nicaragua de la posición de Bogotá frente al fallo de la tribunal de la ONU, cuya “jurisdicción y competencia” San José “reconoce”.

“Son dos cosas que hay que desligar. Una cosa es la posición de Colombia ante el fallo de la Corte y otra la posición de otros países que tenemos en común ser amenazados por actitudes expansionistas de Nicaragua”, dijo Castillo a los periodistas.

Costa Rica y Nicaragua tiene litigios pendientes en la CIJ por límites fronterizos.

Castillo precisó que el contenido de la carta conjunta se encuentra en consultas entre los involucrados, pero que el objetivo de la misma es advertir a la comunidad internacional sobre la “actitud abiertamente expansionista” de Nicaragua hacia sus vecinos.

A comienzos de mes, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, aseguró que además de los litigios que ya tiene en marcha en la CIJ con Costa Rica, podría reclamar ante ese tribunal la soberanía de la provincia costarricense de Guanacaste, que se unió al vecino país en 1824 tras realizar cabildos en sus pueblos.

Según Ortega, esa unión fue producto de una “ocupación militar”.

El mandatario nicaragüense, sin embargo, salió el martes al paso de las acusaciones de “expansionismo” con el argumento de que esa política solo se puede llevar adelante “por las armas” y su Gobierno acude “al derecho internacional” en sus reclamaciones. EFE