Ecuador. lunes 11 de diciembre de 2017
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Todos los amenazados en Colombia podrían perder su seguridad

Bogotá, 6 nov (EFE).- La totalidad de los 1.800 amenazados de muerte que tienen esquemas de protección en Colombia podrían quedar desprotegidos en ocho días si el Gobierno no destina los recursos necesarios para hacer frente al pago de escoltas y empresas de seguridad que prestan estos servicios.


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La advertencia fue emitida hoy por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar, en su cuenta de Twitter, donde señaló que el “desmonte” comenzará en poco más de una semana ante “la falta de recursos del Ministerio de Hacienda”.

Desde el pasado septiembre la UNP lleva advirtiendo de problemas presupuestarios en la entidad, que tiene un déficit de 70.000 millones de pesos colombianos (unos 35 millones de dólares) para mantener hasta final de año los esquemas de protección, que incluyen autos blindados y al menos dos escoltas.

Tras el llamado de atención, el Ministerio del Interior, del que depende la UNP, anunció que a partir del próximo año se reducirían los escoltas y vehículos a funcionarios del Gobierno para ahorrar hasta 65.000 millones de pesos (unos 30,9 millones de dólares), pero sin comprometer la seguridad de los beneficiarios.

Sin embargo, Villamizar explicó hoy que la situación se ha vuelto insostenible y que la retirada de los esquemas es inminente.

“Por esta falta de recursos los escoltas no han recibido su salario del mes de octubre. La operación se comienza a suspender. No se puede pretender que los escoltas trabajen sin sueldo. No se puede exigir a empresas que presten servicio sin recursos. No es viable”, escribió en la red social.

La UNP otorgó la concesión de la seguridad a varias empresas privadas, que actualmente son las encargadas del funcionamiento del 76,7 % de la protección en Colombia, explicó a Efe a principios de año el portavoz de la ONG Somos Defensores, Carlos Guevara.

A estas empresas, según Villamizar, se les adeuda por servicios ya prestados 30.000 millones de pesos (unos 14,3 millones de dólares).

Tras sus declaraciones, el director de la UNP se reunió de emergencia con autoridades del Ministerio de Hacienda en aras de encontrar una solución que evite el desmantelamiento de los esquemas.

La UNP protege actualmente en Colombia a casi 7.500 personas que reciben amenazas de muerte principalmente de grupos paramilitares, que suponen 40 % del total, seguidos por las guerrillas de lasFARC y el ELN (30 %) y amenazas de políticos locales (15 %), entre otros.

Aproximadamente 4.000 de los protegidos reciben ayudas como teléfonos móviles para avisar a las autoridades o chalecos antibalas, mientras que hasta 1.800 personas cuentan con esquemas de protección que incluyen un auto blindado y dos escoltas. EFE