Ecuador. martes 12 de diciembre de 2017
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República Dominicana avanza hacia despenalización del aborto

Mujeres sostienen carteles en las afueraas del Congreso en apoyo a la legalización del aborto en Santo Domingo, República Dominicana, el martes 16 de diciembre de 2014. La Cámara de Diputados dominicana aprobó la petición del presidente Danilo Medina de despenalizar el aborto en algunos casos, lo que ha dividido a la opinión pública. La propuesta debe ser ratificada por el Senado en los próximos días. (AP Photo/Ezequiel Abiu Lopez)

República Dominicana (AP) — La Cámara de Diputados dominicana aprobó el martes la petición del presidente Danilo Medina de despenalizar el aborto en algunos casos, lo que ha dividido a la opinión pública. La propuesta debe ser ratificada por el Senado en los próximos días.


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La pieza será incluida en el Código Penal y establece que el aborto no será punible cuando el embarazo represente un riesgo a la vida de la mujer, sea practicado por personal médico calificado y “se agotan todos los medios científicos y técnicos disponibles para salvar las dos vidas (de la madre y del hijo)”.

Los embarazos producto de una violación o cuando el embrión tenga malformaciones incompatibles con la vida se podrán interrumpir sin ser objeto de condenas, pero serán regulados mediante una ley especial que aún no está redactada, informo Abel Martínez, presidente de la cámara. El proyecto de esa nueva ley será presentado en la próxima legislatura, en 2015.

“Nos preocupa el hecho de que la despenalización en el caso de la violación o malformaciones sea remitida a una ley especial”, declaró la coordinadora de la organización no gubernamental Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván.

Explicó que la redacción, discusión y aprobación de esa nueva ley podría prolongarse incluso años.

Tras la aprobación del martes, la pieza pasará al Senado, dominado por el gobernante Partido de la Liberación Dominicana con 31 de los 32 curules.

Medina había solicitado a los legisladores, al vetar una reforma al Código Penal, que despenalizaran el aborto en caso de que la vida la mujer corriera peligro, fuera producto de una violación o el feto tuviera malformaciones incompatibles con la vida.

La propuesta polarizó a la opinión pública y mientras grupos de derechos humanos, el gremio de médicos y organizaciones feministas la aplaudieron, las iglesias católica y evangélica han encabezado protestas en rechazo a la iniciativa.

“Legalizarlo (el aborto) sería legalizar el infanticidio, sería legalizar la muerte”, dijo antes de comenzar la sesión legislativa Francis Pérez, un hombre que se ubicó afuera del Congreso crucificado y semidesnudo.

Pedro Sing, presidente del gremio médico, insistió que la propuesta es un reconocimiento a los derechos de la mujer y para que los galenos trabajen sin temor a ser apresados.

Recordó que cada año los hospitales públicos reciben a unas 15.000 mujeres en estado grave luego de haberse practicado o sufrido un aborto y, según la legislación vetada, los médicos podrían ser sancionados por atenderlas.

Ni la iglesia católica ni la asociación de iglesias evangélicas habían emitido la noche del martes comentarios sobre la votación en la Cámara de Diputados.

De forma previa a la sesión de los legisladores, la iglesia católica celebró el lunes una “cadena de oración” en contra de la despenalización del aborto. El cardenal Nicolás de Jesús López había convocado a todos los feligreses a participar activamente en las protestas contra la propuesta de Medina.

La Conferencia del Episcopado ha insistido que la propuesta es inconstitucional.

El sacerdote Manuel Ruiz, quien hasta el fin de semana fungía como enlace entre el Poder Ejecutivo y la Iglesia Católica, amenazó durante las protestas a los congresistas con represalias de carácter electoral por parte de la comunidad católica en los próximos comicios.

Ruiz renunció el fin de semana a su cargo como enlace con el Ejecutivo, con oficina en el Palacio Nacional, en rechazo a la propuesta de Medina.

La propuesta de modificación al Código Penal mantiene en tres años de cárcel la pena para las mujeres que aborten por su simple decisión y aumenta de cinco a 10 años de prisión a los médicos que las asistan.