Ecuador. miércoles 13 de diciembre de 2017
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Urgen al Gobierno chileno a derogar ley de amnistía impuesta por Pinochet

La presidenta de Chile Michelle Bachelet habla en el Palacio de La Moneda en Santiago, Chile. (AP foto/Luis Hidalgo/Archivo)

Santiago de Chile, 24 feb (EFE).- Amnistía Internacional (AI) urgió hoy al Gobierno chileno a hacer efectiva la derogación de la ley de amnistía impuesta por el general Augusto Pinochet en 1978, cuya tramitación para abolirla sigue “anclada en el parlamento sin avanzar”, informaron representantes de la organización.


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“Hacemos un llamado para que la anulación de la amnistía sea trabajada con la mayor celeridad posible”, sostuvo el director de AI en Chile, Roberto Morales, al presentar en Santiago el capítulo chileno del informe anual sobre “La situación de los derechos humanos en el mundo”.

Morales recordó que la anulación de la ley de amnistía fue anunciada en septiembre pasado pero aún no se ha hecho efectiva, a pesar de que el Ejecutivo le dio urgencia a la iniciativa.

La derogación de la citada ley, que exime de responsabilidad a quienes cometieron abusos entre 1973 y 1978, los primeros años de la dictadura militar (1973-1990), fue una de las promesas electorales de la presidenta Michelle Bachelet.

La organización hizo estas consideraciones en el marco de la publicación de su informe anual, en el que destaca la “vergonzosa e ineficaz” respuesta global a los conflictos y los abusos cometidos por Estados y grupos armados.

Uno de los capítulos del informe está dedicado a Chile, que “preocupa especialmente” a la organización por la situación de los derechos humanos en distintos ámbitos como la inmigración, los indígenas, la mujer o la justicia militar.

Respecto a los derechos de los inmigrantes, la directora ejecutiva de la organización en Chile, Ana Piquer, aseguró que la legislación migratoria está “muy desfasada”, puesto que no se hace cargo de los derechos de estas personas y las discrimina en el acceso a determinados servicios como la salud, la educación o la vivienda.

En relación a los derechos de los indígenas, Piquer señaló que sigue siendo un tema “no resuelto” y añadió que pese a la existencia de una regulación sobre el tema, “muchas de las ordenanzas no han sido validadas transversalmente por los distintos pueblos indígenas, por lo que en el futuro se va a generar un nuevo conflicto”.

A su juicio, se suma el caso particular de los mapuches, quienes muchas veces son víctimas de la violencia policial y el uso discriminatorio de la legislación antiterrorista en el contexto de los allanamientos a las comunidades donde viven.

Los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, otra de las piedras angulares del informe, se concreta en Chile en la discusión en torno a la tramitación de la ley de despenalización del aborto, algo que para la organización es una “excelente noticia”.

“Creemos que es un tema arduo pero también estamos convencidos que es fundamental avanzar dentro del marco de una protección global a los derechos sexuales y reproductivos en Chile”, subrayó Piquer.

En cuanto a la aplicación de la justicia militar en Chile, AI ve necesaria una “modificación urgente”, pues actualmente los delitos comunes cometidos por carabineros o militares son vistas por la justicia penal militar y no la ordinaria, lo que según Morales, “pone en duda la imparcialidad y la independencia del juicio”.

Por último, los dirigentes de la organización expresaron su creciente preocupación por la reacción policial en el control de los disturbios y el “desproporcionado uso de los medios disuasorios como los gases lacrimógenos o los camiones de agua, una práctica casi rutinaria en todas las manifestaciones”. EFE