Ecuador. miércoles 13 de diciembre de 2017
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Miles protestan contra “ley mordaza” en España

Miles de personas protestaron el martes en España contra una nueva normativa de seguridad ciudadana antes de que entre en vigor a la medianoche y la fustigaron como una “ley mordaza” que legaliza el silenciamiento de la libre expresión y la prensa.


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Activistas de Greenpeace dieron inicio a la protesta en la mañana con un sorpresivo acto de desobediencia civil: colgaron un cartel que dice “La protesta es un derecho” en lo alto de una grúa junto a la cámara baja del parlamento.

El cartel fue colocado para dar la impresión de que estaba sobre el parlamento, donde manifestantes enfrentarán multas si protestan cerca del recinto.

Más tarde el martes, miles de personas salieron a las calles en Madrid y otras ciudades para protestar contra la ley, que entra en vigor el miércoles.

La apodada “ley mordaza” prevé la expulsión sumaria de migrantes detenidos por ingresar ilegalmente en los enclaves españoles de Ceuta y Melilla, en el norte de África; establece fuertes multas para las protestas frente al Parlamento o frente a instalaciones estratégicas y permite a las autoridades sancionar económicamente a periodistas o medios que difundan imágenes no autorizadas de policías.

Establece multas de hasta 30.000 euros (33.000 dólares) por protestas cerca del parlamento y edificios legislativos regionales cuando exista “perturbación grave de la seguridad ciudadana”.

Una multa de hasta 600.000 euros (638.000 dólares) es incluida para protestas no autorizadas cerca de infraestructura clave, como ejes de transporte y plantas nucleares.

El conservador Partido Popular impulsó la medida ante las protestas pacíficas que estallaron en España al comienzo de la crisis financiera en 2008. Las protestas alcanzaron su mayor intensidad en 2012 cuando la nación estuvo al borde del derrumbe y se salvó gracias al rescate financiero de sus bancos en problemas.

Los detractores de la ley incluyen al opositor Partido Socialista, que ha dicho que la derogará si este año gana las elecciones generales este año, un panel de cinco expertos de derechos humanos de la ONU y el grupo Human Rights Watch.

Los defensores de la prensa están preocupados de que la ley obstaculice a los periodistas, porque establece multas por “uso no autorizado de imágenes” de la policía, sean en vivo o grabadas.

El gobierno del Partido Popular dice que la difusión de imágenes de policías que reprimen una protesta pudiera impedir a los agentes hacer su trabajo o ponerles en riesgo. [I]