Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
  • Seguir en Facebook
  • Seguir en Twitter
  • Seguir en Google+
  • Seguir en YouTube
  • Seguir en Instagram
  • Seguir en LinkedIn

Corte de Colombia avala “fast track” para implementar paz

Legisladores debaten en el Congreso en Bogotá, Colombia, el miércoles 30 de noviembre de 2016. Después de 52 años de guerra, cuatro de negociaciones y una derrota en un referendo, el Congreso de Colombia alcanzó esa noche —sin el apoyo de la oposición— un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC que da inicio al desarme de la guerrilla y su paso a la política. (AP Foto/Iván Valencia)

BOGOTA, Colombia (AP) — El Congreso de Colombia tiene la vía más despejada para implementar el acuerdo entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC: el martes, la Corte Constitucional avaló un mecanismo conocido como “fast track”, que reduce los debates necesarios para aprobar leyes relacionadas con la paz.


Publicidad

La decisión da un empujón al desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que empezó la semana pasada a contrapié por la falta de claridad sobre el futuro del acuerdo. Las FARC exigían una decisión del tribunal antes de avanzar hacia una veintena de zonas donde entregarán sus armas a la Organización de las Naciones Unidas.

El mecanismo fue aprobado por ocho votos contra uno, según informó la Corte.

La medida más urgente para destrabar la implementación de los acuerdos es la ley de amnistía para los presos de la guerrilla y antes de junio de 2017 quedarían aprobados los puntos más importantes del pacto.

El interés tanto del gobierno como de los rebeldes es dar forma a su acuerdo final, firmado el 24 de noviembre en Bogotá, antes de las elecciones de 2018.

La oposición rechaza este mecanismo, que reduce de ocho a cuatro el número de debates necesarios para la toma de decisiones y da más poder al presidente Juan Manuel Santos sobre el Congreso.

Los defensores del “No” en el plebiscito del 2 de octubre, que derrotó en las urnas el primer acuerdo de paz, exigen otra consulta popular, pero la Corte considera que el Congreso goza de la legitimidad necesaria para refrendarlo.

(I)