Ecuador. miércoles 13 de diciembre de 2017
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La oposición logra hablar con el gobierno venezolano

Una motocicleta arde después de que le prendieran fuego durante enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y manifestantes antigubernamentales en Caracas, Venezuela, el miércoles 31 de mayo de 2017. Tras más de dos meses de propuestas, miles de opositores y universitarios lograron el viernes 2 de junio de 2017 por primera vez llevar su movilización hasta un organismo estatal y entregar sus reclamos a un funcionario del gobierno, al tiempo que la fiscal general le pidió al presidente Nicolás Maduro que reconsidere la convocatoria a la constituyente y que adelante las elecciones regionales. (AP Foto/Ariana Cubillos)

CARACAS (AP) — Tras más de dos meses de protestas, miles de opositores y universitarios lograron el viernes por primera vez llevar su movilización hasta un organismo estatal y entregar sus reclamos a un funcionario del gobierno, al tiempo que la fiscal general le pidió al presidente Nicolás Maduro que reconsidere la convocatoria a la asamblea constituyente y que adelante las elecciones regionales.


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“Sería muy importante y daría una tranquilidad al país”, planteó Luisa Ortega Díaz en una entrevista con la emisora local Unión Radio.

Los manifestantes marcharon temprano por una de las principales vías del este de Caracas hasta la sede de la estatal Venezolana de Televisión (VTV), que fue tomada desde el amanecer por decenas de policías y guardias nacionales con camiones antimotines.

En medio de fuertes medidas de seguridad, el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, recibió a una comisión de jóvenes universitarios en plena calle y frente a las cámaras de televisión para escuchar sus reclamos.

“Como periodistas deben tener ética y moral porque están aquí para informar y le mienten al pueblo”, dijo la dirigente estudiantil de la estatal Universidad Central de Venezuela, Rafaela Requesens, al exigirle a Villegas que la televisora estatal “diga la verdad” de lo que está pasando en el país suramericano.

“Basta ya del derramamiento de sangre”, afirmó el ministro de Comunicación al pedir el cese de la violencia y la impunidad en el país.

Durante los 62 días de protestas, las fuerzas de seguridad han bloqueado todas las movilizaciones de la oposición hacia las instituciones estatales ubicadas en el centro de la ciudad, y han utilizado gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes. Los disturbios callejeros han dejado 63 muertos, más de 1.100 heridos y 422 detenidos.

Horas antes de que comenzara la movilización, decenas de habitantes bloquearon con barricadas de basura y escombros algunas vías del populoso vecindario pobre de La Vega, en el oeste de la ciudad, en protesta contra el gobierno ante la severa escasez de alimentos, dijo a The Associated Press el concejal opositor Jesús Armas. Miembros de la policía nacional lanzaron gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes y levantar las barricadas.

Asimismo, en el centro de la capital, decenas de seguidores oficialistas realizaron una concentración frente a la sede del Ministerio Público para protestar contra la fiscal general, quien en los últimos días ha profundizado su distanciamiento del gobierno.

Ortega Díaz defendió la acción contra el proceso constituyente que presentó la víspera en el Tribunal Supremo de Justicia, y dijo en Unión Radio que “hay que consultar al pueblo si quiere o no la Asamblea Nacional Constituyente”.

A una pregunta sobre qué le pediría a Maduro, la fiscal lo exhortó a que reconsidere su plan para reformar la constitución de 1999 del entonces líder Hugo Chávez y que adelante las elecciones regionales, una de las exigencias de la oposición. También a que siga insistiendo en el diálogo, pero con sinceridad y la participación de otros voceros extranjeros.

Denunció asimismo que en el máximo tribunal está circulando una sentencia para “quitarle titularidad en la investigación penal al Ministerio Público”.

La Sala Constitucional del máximo tribunal del país anunció el viernes que ordenó poner bajo inspección judicial por dos semanas a once alcaldías controladas por la oposición, con el fin de verificar si están cumpliendo una sentencia que las obliga a evitar que haya protestas y a impedir que las vías de tránsito sean bloqueadas. De no cumplirse la sentencia, los alcaldes opositores corren el riesgo de ser arrestados y destituidos de sus cargos.

Por otra parte, el dirigente opositor y excandidato presidencial Henrique Capriles anunció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas de protección para él y le pidió al gobierno venezolano que garanticen su vida, integridad personal y derechos políticos.