Ecuador. domingo 10 de diciembre de 2017
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Para evitar muertes por licor adulterado

Por David Ochoa

En su Boletín Epidemiológico de 31 de agosto pasado, el Ministerio de Salud Pública informa de 48 fallecidos a causa de licor con alcohol metílico, 11 con ceguera permanente, además de otros 232 casos de intoxicación confirmada y otros 350 presentan síntomas relacionados, pero aún no se confirma que la causa sea el metanol. La lista de fallecidos podría aumentar si se confirman otros casos. Las provincias más afectadas son: Los Ríos, Bolívar y Azuay. En Napo hay casi 100 casos no confirmados, que si llegaran a confirmarse, la pusieran como la segunda provincia más afectada.

Por David Ochoa


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En su Boletín Epidemiológico de 31 de agosto pasado, el Ministerio de Salud Pública informa de 48 fallecidos a causa de licor con alcohol metílico, 11 con ceguera permanente, además de otros 232 casos de intoxicación confirmada y otros 350 presentan síntomas relacionados, pero aún no se confirma que la causa sea el metanol. La lista de fallecidos podría aumentar si se confirman otros casos. Las provincias más afectadas son: Los Ríos, Bolívar y Azuay. En Napo hay casi 100 casos no confirmados, que si llegaran a confirmarse, la pusieran como la segunda provincia más afectada.

Inicialmente, las autoridades fueron en busca del licor artesanal (puntas), producido en pequeñas poblaciones de la Sierra. Se logró incautar licor de mala calidad, pero el problema del metanol no estaba ahí. En Pangua, provincia de Cotopaxi, se incautó más de 7.000 litros de puntas, pero se devolvió como 4.000 una vez que las pruebas de laboratorio confirmaron que no había rastros de alcohol metílico. De las 150 muestras analizadas en Cotopaxi, 147 dieron negativo para metanol, y las otras tres tenían 0,04 miligramos por 100 cm3 cuando la máxima tolerable es 10 miligramos.

Los operativos contra las puntas no dieron con el origen del problema, pero revelaron realidades lacerantes: en Pangua el trabajo infantil (en la fabricación de trago) es masivo y los accidentes laborales dejan una legión de niños y adultos con discapacidades de todo tipo. El gobierno ha anunciado programas de apoyo a Pangua, que todavía tienen que materializarse.

Pero el problema estuvo en licores de fabricación industrial. El Ministerio de Salud Pública difunde una lista de 14 licores adulterados, todos los cuales recibieron en su momento un Registro Sanitario. Lamentablemente, el Instituto Izquieta Pérez no está en capacidad de hacer un control posterior sobre la calidad de la producción después de entregado el registro.

Pero tampoco está preparado el Izquieta Pérez para analizar cabalmente las solicitudes de registro. El sistema es tan vulnerable que una empresa puede presentar al trámite de registro sanitario una muestra sacada de otra fábrica, obtener el registro sanitario y comenzar a producir un licor distinto. En caso de renovación, también es posible presentar una muestra que no sea de la verdadera fábrica.

Otro problema es la demora en expedir certificados de registro sanitario. La normativa de registro sanitario es tan obsoleta que obliga a obtener nuevos registros por cada cambio en el envases o tamaños, lo cual congestiona a la Institución, disminuye la calidad del control y deja fuera de inspección a un gran espectro de comidas, medicamentos, productos naturistas y cosméticos.

Varios sábados atrás, el Presidente dijo que obtener un registro sanitario tomaba 18 días, cuando en la “larga y triste noche neoliberal” tomaba meses. Pero la realidad es distinta de la que le informan al Presidente, porque la penumbra continúa en un servicio tan vital que, de su calidad depende la vida y la salud de los consumidores.

En lo personal, no creo posible ni deseable que el Estado se llene de un ejército de inspectores y controladores (o “catadores” en el caso del licor) para comprobar la calidad de cada producto. Es más conveniente que las pruebas para el registro sanitario sean encargadas a laboratorios privados que cobren por sus servicios, pero que garanticen agilidad (naturalmente, los laboratorios debieran ser acreditados por el Estado y sujetos a control permanente del Estado, para evitar que entreguen certificados alegremente). Ese modelo de gestión ya funciona en el país, pero para controlar la calidad de otros productos (excepto alimentos, medicinas, productos naturistas y cosméticos), en virtud de la Ley del Sistema Ecuatoriano de Calidad, que en este año se ha potenciado con un Reglamento y con una mejora institucional que le ha permitido incluso obtener reconocimiento internacional. Ahora los ensayos, inspecciones o certificaciones emitidas por el Organismo de Acreditación Ecuatoriano (OAE) son reconocidas como válidas en muchos países, incluyendo EE.UU., Argentina y Brasil.

En otras palabras, el certificado de OAE ahora es reconocido internacionalmente, lo que facilita a exportadores ecuatorianos ubicar sus productos en el extranjero.

El Estado ha previsto invertir casi un millón de dólares para un proyecto de fortalecimiento del Sistema Nacional de la Calidad. Mientras más pronto se mejore completamente este sistema, no sólo se impulsará la industria, sino se evitarán más muertes y más cegueras.