Ecuador. miércoles 13 de diciembre de 2017
  • Seguir en Facebook
  • Seguir en Twitter
  • Seguir en Google+
  • Seguir en YouTube
  • Seguir en Instagram
  • Seguir en LinkedIn

El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones

Por Gustavo Domínguez
Quito, Ecuador

Es justo reconocer que el gobierno del presidente Correa ha tenido muchos aciertos en diversas áreas que habían sido mal atendidas o ignoradas por gobiernos anteriores. De ahí parte la gran base de su popularidad y su carta de presentación para una reelección que, hasta hoy, parece asegurada dada la notoriedad de su aceptación entre una masa electoral significantemente alta.

Por Gustavo Domínguez
Quito, Ecuador


Publicidad

Es justo reconocer que el gobierno del presidente Correa ha tenido muchos aciertos en diversas áreas que habían sido mal atendidas o ignoradas por gobiernos anteriores. De ahí parte la gran base de su popularidad y su carta de presentación para una reelección que, hasta hoy, parece asegurada dada la notoriedad de su aceptación entre una masa electoral significantemente alta.

No ha resultado fácil para la oposición cuestionar con éxito la notable inversión pública realizada en el periodo de la Revolución Ciudadana. Claro, existe el argumento que jamás otro gobierno ha gozado de la magnitud de ingresos ocasionados por los altos precios del petróleo, que en realidad ha sido una ventaja debidamente aprovechada por el presidente Correa.

Sin embargo, sería impreciso sostener que un número importante de aciertos no han sido inmunes a ser opacados por torpezas de orden operativo o coyuntural en el momento de la ejecución. Las políticas públicas, que siempre son perfectibles, deben tener no solamente como objetivo el bienestar de la población para quien está dirigida, además su diseño y ejecución debe ser práctico, equilibrado e inmune a errores que sentencien el fracaso de las mismas.

Ese es el caso de varios de los proyectos del gobierno que tienen un sello transformador, revolucionario, que han necesitado de una firme decisión política para su aplicación, pero que se han visto empañados por errores y situaciones que pueden fácilmente desvirtuar el mérito del proyecto.

Comencemos por mencionar la tan necesaria y ansiada restructuración del sistema judicial de nuestro país. Institución democrática que históricamente ha sido sinónimo de la anti patria. Transformación que demanda de una decisión política extraordinaria y de una inversión en recursos que desmantela la posibilidad de financiamiento a una cantidad importante de proyectos que generarían mayores réditos electorales y menos olas antagonistas. Lamentablemente, el proceso ha sido profundamente cuestionado, afectando la imagen y percepción de transparencia con la que debió renacer esta Institución.

Personalmente, considero que no es posible renovar una organización de esta magnitud utilizando los mismos actores que directa o indirectamente formaron parte de su descomposición. Creo que esta es una de las claras ocasiones donde la llamada experiencia no debió ser premiada y, por el contrario, debió ser desincentivada en las puntuaciones de los candidatos, facilitando la renovación cultural de dicha institución. Eso es lo que verdaderamente necesita el poder judicial para enrumbarse en los tortuosos caminos que llevan al prestigio e independencia indispensables en el trabajo de sus jueces.

Otro extraordinario proyecto profundamente opacado por errores y desorganización, ha sido la universalización de la seguridad social. Equivocadamente se pretende castigar con exclusividad al ciudadano común, que padece desde la retención y congelamiento de fondos en sus cuentas, hasta la posibilidad de prisión. Sin embargo, tenemos al mismo Estado como el principal deudor y moroso de dicha institución, y al propio Instituto de Seguridad Social como un pésimo pagador de sus obligaciones, las mismas que se derivan de contratos firmados por sus cabezas y que su inexplicable incumplimiento puede ser posible causante de una debacle en el sistema de salud privado del país. No tiene pues calidad moral ni el Estado, ni el Instituto, para perseguir implacablemente a quienes cometen sus mismos pecados.

La universalidad del derecho a salud gratuita, es otro de los grandes anhelos del gobierno. Un proyecto que ha encaminado a las obscuras tempestades de la quiebra a más de un país, pero un derecho básico de los ciudadanos que el Presidente se ha obstinado en hacer cumplir. Hemos visto que sus buenas intenciones, lamentablemente no han sido seguidas con la misma velocidad por una burocracia que a veces peca de insensible, pero en otras ocasiones está atada por los mismos procesos que demandan las normas que regulan la administración pública.

Este es un sector que requiere de velocidad de acción y de recursos. Donde sus procesos puedan ser expeditos, pero bajo un intenso control y fiscalización independiente y continuo para asegurar la honestidad de las acciones de quienes deben manejar importantes recursos públicos. El sector salud vive sumergido en estados y situaciones de emergencia. Es tiempo que se regule específicamente el manejo de esta área pública, para que el Presidente pueda tener una mejor respuesta de los funcionarios a quienes confía el difícil manejo de la salud pública.

La reorganización y mejoramiento de los estándares universitarios, ha demandado gran energía y decisión gubernamental. El proceso que ha sido largo y concebido con una visión renovadora y técnica, está siendo empañado por el injusto maltrato a los profesores, alumnos y padres de familia, quienes son víctimas del diseño de medidas colaterales plagadas de desinformación y errores imperdonables.

Las recientes medidas encaminadas a reducir los altos índices de accidentes en las vías del país se erigen en un concepto plausible y necesario. Sin embargo, la medida ha sido ensombrecida por la falta de previsiones y de la obvia carencia de un análisis previo. La fórmula es tan simple como entender que todos los ecuatorianos que manejamos somos proclives en algún momento a cometer una infracción de esta naturaleza. Infracción, de la que no es ajeno absolutamente ningún mortal al volante, sin importar su profesión, ocupación o nivel de educación.

Se debió primeramente pensar en multas económicas acordes con la magnitud del exceso y con la reincidencia de la infracción, para posteriormente considerar en penalizar con prisión y retiro de la licencia al infractor. Los dineros recaudados generarían los suficientes fondos para que se pueda implementar la infraestructura necesaria para con dignidad retener a quienes ahora se veja y se mezcla con delincuentes de otra magnitud. Los mismos fondos podrían también servir para el mejoramiento de la señalización y contratar estudios especializados que determinen desde la distancia donde se deben colocar los anuncios de velocidad permitida, las líneas divisorias, material para educar y hasta para publicidad de la medida.

Todos estos casos, son una muestra de una importante cantidad de iniciativas que, no hacen más que recordarnos, que al igual que el camino al infierno, estos proyectos también se encuentran empedrados de buenas intenciones.