Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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‘El juicio del siglo’

Por Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Así es como se lo conoce en Brasil al proceso contra 38 exministros, exdiputados, banqueros y empresarios acusados de corrupción, blanqueo de capitales, conspiración para delinquir, entre otros, y cuya última, y definitiva audiencia comenzó hace menos de dos meses ante el Supremo Tribunal. Entre los acusados se encuentran altos funcionarios del gobierno del expresidente Lula, incluyendo a José Dirceu, quien fuera su ministro de la Presidencia.

Por Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador


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Así es como se lo conoce en Brasil al proceso contra 38 exministros, exdiputados, banqueros y empresarios acusados de corrupción, blanqueo de capitales, conspiración para delinquir, entre otros, y cuya última, y definitiva audiencia comenzó hace menos de dos meses ante el Supremo Tribunal. Entre los acusados se encuentran altos funcionarios del gobierno del expresidente Lula, incluyendo a José Dirceu, quien fuera su ministro de la Presidencia.

Cuando en 2005 la prensa brasileña destapó el escándalo de la compra de diputados por parte del Ejecutivo, la gran mayoría de brasileños creyó que el asunto iba a quedar impune. Después de todo Lula y su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), gozaban de gran popularidad y todo parecía indicar que el PT ganaría las siguientes elecciones presidenciales. Y a eso se sumaba la tradicional debilidad institucional del sistema Judicial brasileño, tan vulnerable a las presiones políticas, como sucede en muchos países de la región.

Con el triunfo del PT en el 2005 y la reelección de Lula, el escándalo de los sobornos a los diputados parecía prácticamente condenado a quedar enterrado en el olvido. Pero no sucedió eso. Por un lado, durante los últimos años el sistema judicial federal brasileño había venido ganando integridad, independencia y profesionalismo en un grado mayor al que los propios brasileños parecían dispuestos a reconocerle. La Asociación de Jueces Federales, por ejemplo, es uno de los casos más exitosos de autonomía gremial frente al poder político, en buena parte siguiendo y hasta superando el ejemplo de sus pares italianos. A lo que se suma la seriedad institucional de la Fiscalía brasileña que, a pesar de ciertos errores de última hora, no cesó de investigar el caso durante todos estos años en que Lula y el PT han sido la fuerza política dominante en el Brasil.

La otra sorpresa ha sido la valiente, decidida y hasta diríamos implacable conducta del juez instructor del caso, Joaquim Barbosa, que es el vicepresidente del Supremo Tribunal encargado de resolverlo y de larga experiencia judicial. En un país en el que, como en el resto de la región, hay un profundo déficit de referentes morales en la vida pública, y más aún en el campo judicial, Barbosa ha causado una suerte de conmoción social y cultural; en especial cuando se piensa que fue uno de los magistrados que en 2003 el presidente Lula nominó para el Supremo Tribunal, y que luego el Senado lo ratificó.

Hasta el momento el Tribunal ya ha encontrado culpables de soborno a ocho de los acusados, con lo que la estrategia de la defensa –consistente en argumentar que se trataba únicamente de contribuciones ilegales a las campañas de los diputados– se ha derrumbado.

Que cómo es que existen en Brasil jueces que honran la magistratura y el derecho, debe ser materia de reflexión ciertamente. Lo que sí puede decirse ya es que no fue gracias a “metidas de mano”, ni consejos de judicaturas transitorios ni a veedores internacionales o edificios modernos.

* El texto de Hernán Pérez Loose ha sido publicado originalmente en el diario El Universo.