Ecuador. viernes 15 de diciembre de 2017
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¡A portarse bien!

Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Como la ley recientemente aprobada, a más de modificar el régimen impositivo de los bancos, faculta a la Junta Bancaria (JB) a “Establecer el monto máximo de las remuneraciones de los administradores y representantes legales de las instituciones bajo su control”, lo que incluye a las compañías aseguradoras, varias interrogantes surgen alrededor de este nuevo trabajito encargado al citado órgano:

Por Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador


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Como la ley recientemente aprobada, a más de modificar el régimen impositivo de los bancos, faculta a la Junta Bancaria (JB) a “Establecer el monto máximo de las remuneraciones de los administradores y representantes legales de las instituciones bajo su control”, lo que incluye a las compañías aseguradoras, varias interrogantes surgen alrededor de este nuevo trabajito encargado al citado órgano:

Primero: ¿se va a dar efecto retroactivo a esa potestad, afectando a contratos hoy vigentes? Muy cuesta arriba es que se pueda modificar relaciones jurídicas preexistentes, y menos si la ley calla al respecto. El asunto inclusive sería peor en el caso de la mayoría de los administradores bancarios y de seguros, que tienen relaciones de orden laboral con las instituciones a la que prestan sus servicios, pues la propia Constitución de Montecristi establece la intangibilidad de los derechos laborales (Art. 326, 1º). Una reducción de salarios a la luz de la Constitución sería impensable.

Segundo: como la Constitución trae el principio de que “A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración” (Art. 326, 4º), es de suponer que, antes de ejercer su nueva y curiosa atribución, la JB contratará estudios que le permitan establecer rangos salariales dependiendo de las responsabilidades individuales de cada administrador, salvo que se decida crear en la Superintendencia de Bancos un departamento especializado en la materia, que de tiempo en tiempo sugiera nuevas escalas remunerativas. Algo así como un departamento de recursos humanos. ¿Es ese el rol de la Superintendencia? Bien forzada es la cosa, si de algo importa la Constitución.

Tercero: ¿van a hacer sala de espera ante la JB los administradores que aspiren a una mejora salarial? ¿Qué requisitos de buen comportamiento se les exigirá al efecto? ¿Se revisará que hayan cumplido su obligación de velar por la solvencia de la entidad que administran (Constitución, Art. 308)? ¿O se requerirá también que hayan bajado la cabeza y no reclamado ante abusos de poder, “aleccionando” -con el sueldo- a los “rebeldes”?

Ya nada hay de qué extrañarse en el paisito.