Ecuador. domingo 17 de diciembre de 2017
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Agitada controversia en EE. UU.

Hernán Pérez
Guayaquil, Ecuador

Alexis de Tockeville observaba en su viaje por la recién fundada república de los Estados Unidos de América que en aquella nación no había prácticamente ningún conflicto que no terminase un día ante un juez o tribunal. El escritor francés comentaba con asombro sobre el enorme poder que se les había otorgado a los jueces dentro del sistema político estadounidense y la gran confianza que los ciudadanos tenían en ellos gracias a su independencia.

Hernán Pérez
Guayaquil, Ecuador


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Alexis de Tockeville observaba en su viaje por la recién fundada república de los Estados Unidos de América que en aquella nación no había prácticamente ningún conflicto que no terminase un día ante un juez o tribunal. El escritor francés comentaba con asombro sobre el enorme poder que se les había otorgado a los jueces dentro del sistema político estadounidense y la gran confianza que los ciudadanos tenían en ellos gracias a su independencia.

La semana pasada, estas observaciones fueron confirmadas. En las afueras del edificio de la Corte Suprema en Washington D.C. hubo sendas manifestaciones en pro y contra el matrimonio gay, un asunto controversial en la sociedad estadounidense contemporánea. En su interior la Corte se aprestaba a escuchar los argumentos de un caso que involucra precisamente este tema.

La controversia se originó en una decisión de mayo del 2008 de la Corte Suprema de California, que declaró inconstitucional una ley de 1977 que prohibía el matrimonio gay. Un grupo opuesto a esta sentencia obtuvo suficiente respaldo para que en las elecciones de noviembre del 2008 se consultara al pueblo de ese estado (Proposición 8) si la Constitución de California debía reformarse en el sentido de prohibir dicho matrimonio. El resultado de la consulta popular fue favorable al bando antigay. La Constitución fue entonces reformada.

Una pareja gay presentó una demanda ante un juez federal bajo el argumento de que ese pronunciamiento popular era violatorio de sus derechos constitucionales. En noviembre del 2010, el juez Vaughn Walker decidió que la Proposición 8 violaba el derecho al debido proceso e igualdad ante la ley, y dictó una medida cautelar suspendiendo los efectos de dicha proposición mientras se resolvía la apelación contra su sentencia. En febrero de 2012, la respectiva Corte de Apelación Federal confirmó la decisión de Walker. Los auspiciantes de la Proposición 8 solicitaron entonces un certorari a la Corte Suprema para que revisara el caso, el cual fue concedido en diciembre de ese año.

Y así fue como se llegó a la audiencia de la semana pasada. Es común que los magistrados durante la audiencia interrumpan a los abogados de las partes con complicadas preguntas, ingeniosos cuestionamientos y hasta refutaciones. Aunque no se espera que la Corte adopte una decisión inmediatamente, la mayoría de los magistrados dejó entrever que es muy probable que el pedido de revisar el caso sea negado. En sus intervenciones expresaron dudas sobre la legitimidad de los peticionarios, pues ellos no exhibían un daño a sus derechos, así como sobre la oportunidad que la Suprema adopte una posición en una controversia social que aún está madurándose en la arena política.

Como puede verse, en una democracia ni las consultas populares están exentas de control si a través de ellas pueden verse amenazados derechos constitucionales. Además, el origen conservador de la actual Corte estadounidense no garantiza que ella siempre comulgue con actores políticos de igual inspiración. Su interpretación de la Constitución, acertada o no, está por encima de dichas coincidencias.

* El texto de Hernán Pérez ha sido publicado originalmente en el diario El Universo.