Ecuador. domingo 17 de diciembre de 2017
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Inmunidad a la carta

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Mientras que la institución de la inmunidad diplomática ha puesto a salvo a un embajador de las posibles acciones judiciales en su contra por su deplorable conducta, la inmunidad parlamentaria de los asambleístas ha sido prácticamente eliminada. Gracias a una increíble decisión judicial que contradice abiertamente el texto y el espíritu constitucional, así como los precedentes, la presentación de una denuncia ante la fiscalía por asuntos de interés públicos resulta ahora que es un acto ajeno a la función fiscalizadora de los representantes elegidos popularmente. Hay inmunidad para agredir a particulares en un supermercado, pero no la hay para fiscalizar a los poderes públicos.

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador


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Mientras que la institución de la inmunidad diplomática ha puesto a salvo a un embajador de las posibles acciones judiciales en su contra por su deplorable conducta, la inmunidad parlamentaria de los asambleístas ha sido prácticamente eliminada. Gracias a una increíble decisión judicial que contradice abiertamente el texto y el espíritu constitucional, así como los precedentes, la presentación de una denuncia ante la fiscalía por asuntos de interés públicos resulta ahora que es un acto ajeno a la función fiscalizadora de los representantes elegidos popularmente. Hay inmunidad para agredir a particulares en un supermercado, pero no la hay para fiscalizar a los poderes públicos.

Pero eso no es todo. El mismo magistrado que decidió enjuiciar penalmente a un diputado acusado del delito de acción privada de injurias sin solicitarle a la Asamblea la respectiva autorización como manda expresamente la Constitución, también resolvió confirmar la nulidad de un proceso penal seguido contra un exvicepresidente de la República por no haber el juez de la época recabado la misma autorización parlamentaria para su encausamiento penal.

Y mientras en el caso del exvicepresidente de la República la omisión del requisito de la autorización parlamentaria para su enjuiciamiento penal provocó la nulidad del juicio penal que se le siguió, en el caso de un expresidente de la República se procedió de una manera opuesta. Su inmunidad presidencial fue desconocida a través de la resolución de una minoría de legisladores que lo declaró demente, la misma que provocó su remoción; para luego ser procesado penalmente por actos supuestamente cometidos durante sus funciones y obviamente sin la respectiva venia legislativa. Violaciones que fueron luego legitimadas judicialmente.

Cuatro lecturas no solo diferentes sino hasta contradictorias con respecto a una misma institución jurídica, la que ha estado sujeta con pequeñas variantes a unas reglas virtualmente iguales por años. Es más, nada garantiza que en el futuro surja por allí otra interpretación que seguramente dependerá de las circunstancias coyunturales que la usarán como un trapo. Y eso que se trata de una institución de tradición constitucional que juega un papel crítico en todo estado moderno.

Este cuadro de incertidumbre y en general de inseguridad es solo un ejemplo de las decenas de piezas similares de la que está poblado el rompecabezas jurídico de nuestro país. Y esta no es una situación reciente. Si bien el fenómeno se ha agravado en los últimos años debido a la impronta dictatorial en que nos movemos, lo cierto es que esta ausencia de institucionalidad la viene arrastrando el país desde los años del esplendor de la partidocracia.

Se ha pretendido borrar, o más bien ocultar, este cuadro de inseguridad jurídica con el argumento de la estabilidad política. Cuando en realidad la primera no depende de que el país haya estado liderado por una misma persona, sino de que ella conduzca sus acciones públicas en el marco de las reglas constitucionales, los principios democráticos y la cultura de la tolerancia y respeto. Y eso es precisamente lo que nos falta.

* El texto de Hernán Pérez ha sido publicado originalmente en el diario El Universo.