Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
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Lucro y educación

Juan Jacobo Velasco
Santiago de Chile, Chile

Me ha llamado la atención el manto de sorpresa que cubre a buena parte de la opinión pública internacional sobre las movilizaciones estudiantiles en Chile. Muchos se preguntan por qué los jóvenes reclaman contra el lucro. ¿Es acaso injusto lucrar, cuando la educación pública ha empeorado y los privados pueden dar el servicio? ¿Por qué el ciudadano a pie, en palabras de Carlos Montaner, debe financiar la gratuidad de la educación de la que será en un futuro cercano la clase dirigente del país, los jefes  de los “financistas”, con ingresos futuros mucho mayores que estos? Montaner incluso plantea que los estudiantes universitarios chilenos no quieren pagar por la educación (deslindando esa responsabilidad al resto de la sociedad) y que están ilógicamente empecinados en buscar la gratuidad.

Juan Jacobo Velasco
Santiago de Chile, Chile


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Me ha llamado la atención el manto de sorpresa que cubre a buena parte de la opinión pública internacional sobre las movilizaciones estudiantiles en Chile. Muchos se preguntan por qué los jóvenes reclaman contra el lucro. ¿Es acaso injusto lucrar, cuando la educación pública ha empeorado y los privados pueden dar el servicio? ¿Por qué el ciudadano a pie, en palabras de Carlos Montaner, debe financiar la gratuidad de la educación de la que será en un futuro cercano la clase dirigente del país, los jefes  de los “financistas”, con ingresos futuros mucho mayores que estos? Montaner incluso plantea que los estudiantes universitarios chilenos no quieren pagar por la educación (deslindando esa responsabilidad al resto de la sociedad) y que están ilógicamente empecinados en buscar la gratuidad.

Cualquier análisis sobre el fenómeno debiera partir de lo básico: el lucro en la educación está constitucionalmente prohibido en Chile. No lo dice una constitución progresista  o izquierdista, sino la misma carta magna heredada de la dictadura. Lo que han hecho los estudiantes universitarios y secundarios es preguntarse sobre lo que debiera significar en la práctica, y de forma sistémica, ese mandato constitucional. Es una  pregunta muy relevante porque la educación en Chile, y sobre todo la educación universitaria, es muy cara porque se configura de una forma bastante particular: las universidades privadas, como corporaciones sin fines de lucro, tienen acceso a beneficios y exenciones tributarias importantes, pero, en los hechos, son una suerte de palos blancos de las “empresas” que les prestan todo tipo de servicios y que son propiedad de “los dueños” de los centros de estudio.

A esta relación hipócrita, se suma una oferta indiscriminada de carreras con un costo comparativo al resto de países de la región, bastante más alto. El resultado es que los estudiantes universitarios (y sus familias) tienen que endeudarse en promedio el equivalente a un departamento en el centro de Santiago para financiar la carrera. Y el problema es que el ingreso promedio en Chile alcanza a menos de mil dólares al mes. Una familia del 20% más rico con dos hijos universitarios, destina entre el  40% y 60% de los ingresos  a su educación, una proporción que crece en las familias de menor renta, volviendo casi inabordable a la educación terciaria.

Esta historia solo da cuenta de un malestar comprensible en la sociedad chilena, que se acumuló por mucho tiempo y se está expresando de forma elocuente. Lo siguiente ha sido preguntarse si la educación es un bien público (con externalidades muy positivas) que debe ser garantizado para todos los ciudadanos por el Estado, con la mejor calidad posible. Los jóvenes chilenos fueron los únicos que se atrevieron a enfrentar las inconsistencias del sistema educativo al punto de movilizarse sin tregua y de plantear preguntas que, de cara a las elecciones de este año, permiten muchas opciones de respuesta.