Ecuador. sábado 16 de diciembre de 2017
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Espionaje legalizado

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

La atención y el escándalo que han desatado las revelaciones hechas por el joven técnico Edward Snowden sobre el programa de vigilancia de Estados Unidos ha opacado el hecho de que se trata de actividades avaladas por una corte de justicia. Podría parecer algo paradójico pero lo cierto es que la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), que es para quien trabajaba la firma que había reclutado a Snowden, no podía legalmente implantar el sistema de vigilancia que tanta controversia ha provocado sin una decisión judicial favorable, tal como lo ha recordado recientemente el New York Times.

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador


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La atención y el escándalo que han desatado las revelaciones hechas por el joven técnico Edward Snowden sobre el programa de vigilancia de Estados Unidos ha opacado el hecho de que se trata de actividades avaladas por una corte de justicia. Podría parecer algo paradójico pero lo cierto es que la Agencia Nacional de Seguridad (ANS), que es para quien trabajaba la firma que había reclutado a Snowden, no podía legalmente implantar el sistema de vigilancia que tanta controversia ha provocado sin una decisión judicial favorable, tal como lo ha recordado recientemente el New York Times.

La Foreign Intelligence Surveillance Court, también conocida en la jerga judicial estadounidense como la Corte FISA, fue creada en 1978 por el Congreso de Estados Unidos para controlar y frenar los abusos del gobierno en interceptar comunicaciones privadas; un coletazo más del triste episodio de Watergate. Dicha corte tiene once magistrados que los designa el presidente de la Corte Suprema de la estructura de los jueces federales. Las sesiones tienen lugar en algún lugar reservado de Washington, y por lo general se limitan a estudiar peticiones de vigilancia que le hacen las agencias de inteligencia. Por la información que se ha obtenido, la Corte FISA rara vez ha negado un pedido y, por lo tanto, no ha habido necesidad de presentar una apelación. Por su funcionamiento no hay dos partes en estos procedimientos como sucede generalmente en todo proceso judicial.

En la medida en que estas actividades de vigilancia tienen lugar fuera de Estados Unidos, la corte podría decirse que no enfrentaba ningún obstáculo constitucional o legal. Como en todo país, en Estados Unidos las garantías constitucionales no se extienden en beneficio de personas que residen en el exterior. Claro que los gobiernos bajo cuya jurisdicción residen estas personas no van a aceptar pasivamente que sus súbditos sean espiados por una potencia extranjera. Sin embargo, siendo el espionaje una de las prácticas más antiguas que registra la historia de la humanidad, muchos gobiernos terminan por tolerarlo, o a lo sumo piden compartir la información obtenida, pues, saben que ellos podrían hacer igual cosa.

Como era de esperarse el programa creció en ámbito e intensidad luego del ataque a las torres gemelas de Nueva York. El objetivo de evitar nuevamente semejante acto de terrorismo se convirtió en la idea fuerza del programa. De hecho, lo ocurrido ese día en Nueva York pudo evitarse con un sistema de inteligencia más sofisticado. Pero lo que ha generado polémica en Estados Unidos es que al parecer dicho programa se habría extendido a ciudadanos estadounidenses. Las autoridades han respondido que en esos casos el gobierno se ha limitado a registrar los contactos y la duración de ellos, mas no el contenido de las conversaciones. Y que el programa ha ayudado a prevenir varios ataques terroristas.

Pero las dudas siguen flotando sobre los riesgos de no saber dónde trazar la línea entre la prevención del terrorismo y otras actividades que simplemente podrían ser políticamente incómodas.

* El texto de Hernán Pérez Loose ha sido publicado originalmente en el diario El Universo.