Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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“Ocean´s eleven”

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Develado el entramado de empresas de humo creado para hacerlas figurar como dizque exportadoras a Venezuela, para beneficiarse con comisiones por facilitar los atracos cambiarios por las importaciones ficticias desde el Ecuador, ya se escucha, en defensa de los falsos exportadores, y de sus mentores, asesores e ideólogos, que cualquier delito alrededor de este tema habría sido cometido en Venezuela, motivo por el cual -dicen- nada tendrían las autoridades ecuatorianas que investigar.

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador


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Develado el entramado de empresas de humo creado para hacerlas figurar como dizque exportadoras a Venezuela, para beneficiarse con comisiones por facilitar los atracos cambiarios por las importaciones ficticias desde el Ecuador, ya se escucha, en defensa de los falsos exportadores, y de sus mentores, asesores e ideólogos, que cualquier delito alrededor de este tema habría sido cometido en Venezuela, motivo por el cual -dicen- nada tendrían las autoridades ecuatorianas que investigar.

Me voy a permitir contrariar semejante torpe tesis, recordando ciertas partes de la ley ecuatoriana que reprime el lavado de activos, y particularmente su Art. 14. En este se afirma que comete el delito de lavado de activos el que, en forma directa o indirecta: “…se beneficie de cualquier manera, de activos de origen ilícito” (letra a). No requiere la ley que la ilicitud de los activos derive de actos realizados localmente; basta que el beneficio se produzca en el país, aunque se diga que el acto ilícito haya sido realizado fuera de sus fronteras (más allá de que, por supuesto, en el caso de las exportaciones ficticias, es harto dudoso que la ilicitud se hubiese producido solo en el extranjero. Se trata de una cadena de engaños que comienza localmente).

Estando claro que el delito antes referido alcanza no solo a los prestanombres que figuren como accionistas o administradores de las empresas de papel “exportadoras”, sino a quienes directa o indirectamente se beneficien del fraude, y también a quien lo “Organice, gestione o asesore” -según el Art. 14, d), de la misma ley- conviene también recordar que el último párrafo de ese mismo Art. 14 agrega que: “Los delitos tipificados en este artículo serán investigados, enjuiciados, fallados o sentenciados por el tribunal o la autoridad competente como delitos autónomos de otros delitos cometidos dentro o fuera del país”, de manera que la cacareada tesis de que este feo asuntito no es de competencia de las autoridades ecuatorianas queda desinflado, de golpe, como globo pinchado. Se puede, pues, con la ley en la mano, caerle a la banda parapetada tras las aludidas empresas de papel.