Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
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Terminó la disputa con Colombia

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

La decisión del Gobierno de desistir de su demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), probablemente, era la única que tenía. Como parte del acuerdo al que llegaron los dos gobiernos, Colombia entregará a Ecuador 15 millones de dólares. Según se ha anunciado esa suma se utilizará para reparar los daños que las fumigaciones del vecino país habrían provocado en el lado ecuatoriano de la frontera. Debería entenderse que esa es la cifra que las partes consideraron apropiada para reparar el alegado perjuicio, aunque así ellas no lo digan expresamente siguiendo una práctica diplomática.

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador


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La decisión del Gobierno de desistir de su demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), probablemente, era la única que tenía. Como parte del acuerdo al que llegaron los dos gobiernos, Colombia entregará a Ecuador 15 millones de dólares. Según se ha anunciado esa suma se utilizará para reparar los daños que las fumigaciones del vecino país habrían provocado en el lado ecuatoriano de la frontera. Debería entenderse que esa es la cifra que las partes consideraron apropiada para reparar el alegado perjuicio, aunque así ellas no lo digan expresamente siguiendo una práctica diplomática.

Un prolongado juicio no habría beneficiado a ninguno de los dos estados, especialmente al Ecuador. Durante todo el tiempo que el proceso iba a durar –varios años de seguro– ambas naciones iban necesariamente a continuar con sus relaciones políticas y comerciales marcadas como están por una geografía que las une.

Cierto es que el arreglo llama la atención considerando las expresiones que sobre este asunto se lanzaron durante los últimos cinco años. Los daños provocados, se dijo, eran prácticamente inconmensurables. El petitorio presentado ante la Secretaría de la CIJ el 31 de marzo de 2008 habla de gente fallecida, de niños enfermos, de extensos cultivos devastados, así como de cosechas perdidas, y hasta de caballos, vacas, y otros animales afectados. Daños ecológicos de enorme magnitud que perdurarían por décadas, y que lo habrían sufrido comunidades que iban desde Esmeraldas hasta Sucumbíos.

Para enfatizar los perjuicios ambientales, en la solicitud de registro ante la CIJ se señala que nuestro país, a pesar de su tamaño, “posee una parte desproporcionadamente enorme de la biodiversidad del mundo. De hecho”, dice el documento, “Ecuador tiene la más alta diversidad biológica por unidad; es decir, en promedio, hay más especies por kilómetro cuadrado en Ecuador que en ninguna otra parte del mundo”. Y todo ello citando informes de organismos internacionales.

El retiro de su petitorio a la CIJ, antes que Colombia presente su contestación, fue oportuno en todo caso. Las probabilidades de éxito eran realmente mínimas. Por un lado, el tratado que el Ecuador invocaba como base de la jurisdicción de la CIJ –el Pacto de Bogotá de 1948–, fue ratificado por nuestro gobierno apenas días antes de presentar su petitorio en La Haya, no obstante que el conflicto sobre las fumigaciones databa de años atrás como lo admite la propia solicitud. La pretensión de darle efectos retroactivos a un tratado internacional es jurídicamente inviable. El otro tratado –la Convención sobre Drogas de la ONU– que se invocaba nada o poco tenía que ver con el conflicto. Pero además, y quizás era lo más difícil, es que el Gobierno tenía más adelante que probar todas sus gravísimas afirmaciones fácticas sobre los alegados daños.

Enfrentado con todo este cuadro, y tomando en cuenta el nivel de la magistratura que existe en La Haya, el Gobierno hizo bien en desistir, y recibir nomás los 15 millones de dólares ofrecidos.

* El texto de Hernán Pérez ha sido publicado originalmente en El Universo.