Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
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Bumerán vergonzoso

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

La reciente, aunque tardía, sentencia de la Corte Interamericana sobre la arbitraria destitución de los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en el 2004 es un cruel recordatorio de la nefasta tradición de nuestras élites de actuar con manifiesto desprecio a la institucionalidad. Una tradición que con el tiempo se ha afianzado, sin que existan atisbos de que sea abandonada.

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador


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La reciente, aunque tardía, sentencia de la Corte Interamericana sobre la arbitraria destitución de los magistrados de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional en el 2004 es un cruel recordatorio de la nefasta tradición de nuestras élites de actuar con manifiesto desprecio a la institucionalidad. Una tradición que con el tiempo se ha afianzado, sin que existan atisbos de que sea abandonada.

Increíblemente, el debate público que ha generado esta decisión, si es que “debate” es lo que podemos llamar a lo que existe en el Ecuador, se ha centrado en quien debe pagar las indemnizaciones que la Corte ha ordenado. Pero poca atención ha recibido la sentencia en sí, la vergüenza que debería cubrirnos como sociedad, las circunstancias que llevaron a ese punto de quiebre constitucional, la importancia que vienen ganando las instancias internacionales ante el colapso de nuestras instituciones judiciales, las lecciones que la sentencia deja para el futuro, la conveniencia de una reforma constitucional que aclare que en casos de violaciones de derechos humanos la inmunidad de ciertos altos funcionarios debe ceder, y, por qué no, sobre un acuerdo de gobernabilidad. Nada de eso parece importar.

Pero quizás lo más grave es que esta sentencia –que, como decimos, pone al descubierto como un identikit a la clase política nacional– no será la única de su género. En su momento vendrá la sentencia condenando en similares términos la salvaje destitución de los diputados en el 2008 gracias al pacto de los manteles y la colaboración policial, y luego el atropello contra los magistrados del entonces Tribunal Constitucional que fueron echados a puntapiés de sus oficinas por declarar inconstitucional la remoción de los mencionados diputados.

Es importante observar que si bien la reciente sentencia de la Corte Interamericana nace de violaciones de garantías individuales, como son las relacionadas al debido proceso de las víctimas, ella tiene una incidencia que trasciende la esfera individual, pues atañe a la regularidad con la que deben funcionar las instituciones en una democracia constitucional; un asunto que ha sido también abordado por la Carta Democrática. Es decir, en el Ecuador ni de eso somos capaces. Hace falta que nos digan desde el exterior hasta cómo deben marchar nuestros poderes públicos.

Es el mismo drama o circo de décadas, pero con personajes diferentes. Desde la remoción arbitraria de Dahik, y el golpe de Estado de 44 diputados disfrazados de psiquiatras destituyendo a Bucaram por supuesta enfermedad mental hasta la convocatoria a una consulta popular para “meter manos en la justicia”, y la declaratoria de estados de excepción que no terminan, el Ecuador es el mismo.

Y vendrán otras sentencias en respuesta a otro tipo de reclamos internacionales. Violaciones a libertades como la de expresión y asociación; o a garantías como las de ser juzgado por cortes independientes, libres de interferencia política; y atropellos a derechos de carácter económico, individual, colectivo, social, etcétera, todos estos casos van camino a ventilarse en tribunales internacionales ante el fracaso histórico de nuestras instituciones judiciales y políticas, y la complaciente indiferencia de nuestras élites.

* El texto de Hernán Pérez ha sido publicado originalmente en El Universo.