Ecuador. domingo 17 de diciembre de 2017
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Faltan los abogados

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

La Ley Contra el Lavado de Activos incluye una lista de sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones que una persona efectúa por su intermedio cuando “no guarden correspondencia con el perfil que esta ha mantenido en la entidad reportante y que no puedan sustentarse” (art. 2).

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador


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La Ley Contra el Lavado de Activos incluye una lista de sujetos obligados a reportar a la Unidad de Análisis Financiero las operaciones que una persona efectúa por su intermedio cuando “no guarden correspondencia con el perfil que esta ha mantenido en la entidad reportante y que no puedan sustentarse” (art. 2).

La lista de obligados a reportar está integrada por quienes, debido a la naturaleza de sus actividades, potencialmente pueden terminar coadyuvando al lavado de activos de origen ilícito, voluntaria o inconscientemente. La encabezan las entidades financieras y de seguros (art. 3) y desde la reforma de diciembre de 2010 se agregó a quienes realizan un sinfín de actividades como las bursátiles y de administración de fondos y fideicomisos, hasta: a) el comercio habitual de vehículos, embarcaciones, naves y aeronaves; b) el servicio de transferencia de valores o el transporte de encomiendas o paquetes postales; c) la habitual inversión e intermediación inmobiliaria y la construcción; d) la negociación de joyas, metales y piedras preciosas, incluyendo los montes de piedad y casas de empeño; e) el comercio de antigüedades y obras de arte; f) las agencias de turismo; g) los notarios y registradores de la propiedad y mercantiles.

La lista antedicha no es invento ecuatoriano. Se origina en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ha sido adoptada en muchas jurisdicciones.

Pero falta en nuestro catálogo un grupo de profesionales: el de los abogados, particularmente quienes (me incluyo) participan en operaciones “de compra-venta de bienes inmuebles o entidades comerciales; la gestión de fondos, valores u otros activos; la organización de las aportaciones necesarias para la creación, el funcionamiento o la gestión de empresas; o la creación, el funcionamiento o la gestión de fideicomisos, sociedades o estructuras análogas; o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria”, como lo hace, por ejemplo, la vigente ley en España.

Incluir a los abogados puede ayudar a combatir mafias, como las de los “exportadores” a Venezuela por ejemplo (Ocean’s eleven).