Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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¿Referente ético?

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

En su página electrónica, la Fiscalía General del Estado se atribuye ser “Un referente ético al servicio de la sociedad y la justicia penal”. En dicha web son publicados regularmente boletines con información sobre las actividades realizadas por la Fiscalía y sobre el manejo de los casos en que interviene.

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador


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En su página electrónica, la Fiscalía General del Estado se atribuye ser “Un referente ético al servicio de la sociedad y la justicia penal”. En dicha web son publicados regularmente boletines con información sobre las actividades realizadas por la Fiscalía y sobre el manejo de los casos en que interviene.

El último fue subido este 24 de diciembre a las 15:02 (“Fiscalía vinculó a dos ciudadanos por delito de lesa humanidad”). El mismo día se había publicado otro, a las 11:10 (“Caso asesinato exfiscal de Jipijapa: Fiscalía acusó a cinco de los procesados”).

El día anterior, 23 de diciembre, se habían colgado otros dos (uno sobre un presunto delito de odio racial y el segundo sobre el mismo asunto ya referido del asesinato de un exfiscal de Jipijapa).

Hasta que escribo estas líneas (26 de diciembre, 8:30), aquella activa página electrónica de información ninguna referencia contiene, sin embargo, de los mensajes escritos supuestamente cursados entre el fiscal general y Pedro Delgado a lo largo del 2012, cuyo texto fue publicado por Diario Expreso el pasado 23 de diciembre.

Esa línea de mantener silencio no puede continuar, pues los ciudadanos tenemos derecho a una explicación. Tenemos derecho a que se nos diga si se trata o no de una falsedad, y francamente espero que cuando esta opinión se publique algo se haya dicho al respecto, para constatar en los hechos, entre otras cosas, si ha sido o no cierto ese autoelogio del “referente ético”.

Es que de ser verdadero dicho intercambio de mensajes, la cuestión sería gravísima: que el fiscal general, quien tiene la potestad legal de enjuiciar penalmente a los más altos cargos de la administración pública, se dedique a gestionar ante uno de esos funcionarios los intereses (justos o injustos) de empresas privadas, no solo constituiría el apremio moral que el Código Penal (art. 596) define como amenaza, sino que descalabraría los cimientos del “referente ético”.

Todo quedaría bajo sospecha y como ejemplo me pregunto si el fiscal general habría “gestionado” también otros asuntos a favor de otros particulares o empresas privadas.