Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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Entre el poder, la vida y la muerte

Víctor Cabezas
Quito, Ecuador

Gustavo Petro ha hecho historia en varios sentidos, fue el primer desmovilizado de un grupo guerrillero en alcanzar un importante cargo público, fue destituido por el Procurador General de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió medidas cautelares y hoy, el Gobierno Colombiano desestima dichas medidas sentando un nuevo precedente de desacato y desprestigio de este tribunal en países latinoamericanos.

Víctor Cabezas

Víctor Cabezas
Quito, Ecuador


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Gustavo Petro ha hecho historia en varios sentidos, fue el primer desmovilizado de un grupo guerrillero en alcanzar un importante cargo público, fue destituido por el Procurador General de la Nación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le concedió medidas cautelares y hoy, el Gobierno Colombiano desestima dichas medidas sentando un nuevo precedente de desacato y desprestigio de este tribunal en países latinoamericanos.

Un ex militante de la Guerrilla del M-19, ex candidato a la Presidencia fue electo Alcalde Mayor de Bogotá, en medio de una reñida contienda electoral. Su mandato estuvo plagado de irregularidades, contratos ilícitos, malversación de fondos, caos administrativo, entre otras grandes falencias que denotaban una evidente incapacidad para liderar una ciudad del nivel de complejidad de Bogotá. Tuve la oportunidad de estar en esta ciudad durante el transcurso de los tres momentos que, a mi juicio, determinaron la caída de Petro:

1. Petro, en consistencia con una infantil y disfuncional ideología de izquierda, firmó el convenio interadministrativo 071 del 11 de octubre del 2012 con el cual la empresa Municipal: “Acueducto de Bogotá” asumiría el control de, entre otros procesos, la recolección de basura . Desde que se conoció esta decisión, la Procuraduría le advirtió a la Alcaldía que esa entidad no tenía la experiencia para apalancar el proceso. Como fue previsto en un principio, el ánimo Municipalista de Petro resultó en un verdadero caos para la capital de los Colombianos; un desconcierto sanitario que llegó a niveles de un verdadero estado nauseabundo de la ciudad.

2. A través de una ordenanza la Alcaldía Mayor impidió que otras empresas, distintas a las del Distrito, prestaran el servicio público de aseo en la ciudad, contraviniendo la Constitución y el espíritu de competencia en el marco jurídico Colombiano. Sin perjuicio de esto, lo impresionante fue que se tomó la decisión a sabiendas de que no se contaban con los equipos mínimos requeridos para el efecto de controlar y operar el sistema de recolección y sanidad en Bogotá .

3. Ante la emergencia sanitaria en la que cayó la ciudad, víctima de los delirios izquierdistas de Petro, este decidió comprar camiones de basura con el objeto de dar más amplitud operativa a las Empresas Municipales que se encargaban del aseo. Se firmaron contratos donde muchas personas, la justicia determinará quienes, ganaron dinero; se ultrajó la dignidad del pueblo, se demostró que la izquierda con poder y sin consciencia, recae en los mismos vicios de arquetipo derechista ambicioso y codicioso. Llegaron los camiones oxidados, con más de 15 años de servicio en otro país, apestosos y sucios como los contratos que los originaron, con llantas destrozadas, inoperativos completamente, eso era lo que Petro quería para Bogotá, eso fue lo que lo hizo caer.

La CIDH falló al emitir medidas cautelares a favor de Gustavo Petro, se extralimitó y cometió el peor error político; dio bases objetivas para la futura construcción de discursos sociales y argumentos, por parte de Gobiernos e individuos, en contra de las tan necesarias y útiles medidas cautelares que en este caso fueron usadas como un arma de doble filo, atentando contra la soberanía, ejecutadas al apuro, sin observancia de su naturaleza como medidas destinadas a evitar que el tiempo transcurrido en el proceso, afecte intereses y bienes jurídicos superiores relacionados directamente con la protección a la vida o la integridad personal cuando estas se encuentren en flagrante riesgo de ser vulneradas o violadas.

¿Hasta qué punto los derechos políticos de un ciudadano, que ha obrado mal, pueden ser equiparables al de la vida o la integridad personal en riesgo de evidente violación? El Sistema Interamericano de Derechos Humanos no puede caer en los juegos políticos del poder, no puede tomar decisiones tan erróneas y atrevidas como la establecida ayer a las 11 Pm en Washington. No puede, porque pone en riesgo la misión que tan bien ha venido realizando, proteger al individuo del poder (legítimo o ilegítimo), proteger al ser humano ante las violaciones a derechos inherentes a su existencia. Analicemos el caso concreto, Petro no podrá aspirar a cargos públicos por 15 años; hasta que punto esto es equiparable al campesino que, por falta de protección Estatal, se encuentra con el inminente riesgo de ser torturado y asesinado por grupos irregulares (caso típico de aplicación de Medidas Cautelares).

El Sistema Interamericano de Derechos Humanos no es una instancia a donde se pueda recurrir por inconformidad con el proceso efectuado en tribunales locales. El SIDH es un tribunal extraordinario para la protección emergente de derechos humanos, no para el juego político de poder. Me apena mucho la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha sido consistente con sus principios y lamentablemente en el momento político que vivimos, esta decisión costará mucho y terminará perjudicando a quienes siempre ha defendido, los ciudadanos, los civiles y los indefensos, quienes luchan por cuestiones de vida o muerte, a quienes la tutela del SIDH determina la construcción o manutención de su personalidad e integralidad, no quienes detentan el poder lo usan y desusan; esta decisión le costara al Sistema Interamericano, pero sobre todo será un costo invaluable para quienes si representa una salida, una cuestión de vida o muerte.