Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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Invitación al saqueo

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Superclaro está a estas alturas que el “préstamo” dado por el estatal Cofiec al conserje Duzac constituye peculado, por tratarse de una operación que, superando el 10 % del patrimonio técnico del banco, fue desembolsada sin que existan garantías, violando así la exigencia del art. 72 de la todavía vigente ley que regula a las instituciones financieras.

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador


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Superclaro está a estas alturas que el “préstamo” dado por el estatal Cofiec al conserje Duzac constituye peculado, por tratarse de una operación que, superando el 10 % del patrimonio técnico del banco, fue desembolsada sin que existan garantías, violando así la exigencia del art. 72 de la todavía vigente ley que regula a las instituciones financieras (recuerdo que al producirse el desembolso la garantía sobre certificados de depósito de la también estatal Seguros Rocafuerte solo había sido “ofrecida”, pues bien conocido es que una prenda sobre esos títulos solo se perfecciona con la entrega de los certificados endosados, según el art. 571 del Código de Comercio, lo que nunca sucedió).

Superclaro es también que al susodicho “préstamo” se lo considera como operación vinculada, por falta de garantías, con arreglo al art. 74, e) de la misma ley que regula al sistema financiero, y que el peculado respectivo no queda exento de pena por más que hoy el “deudor” o cualquier tercero paguen a Cofiec, igual que no se elimina un robo por la devolución de lo robado.

Resulta sin embargo que, de aprobarse sin modificaciones el proyecto de Código Monetario y Financiero presentado con trámite urgente a la Asamblea, al conserje del cuento y a quienes aprobaron el entuerto se los liberaría de la pena por peculado si la obligación con Cofiec llega a ser pagada, pues el citado proyecto dice sin rodeos que el delito queda perdonado si “se honra la obligación” (art. 294), y tal novedad tendría que (convenientemente) aplicarse retroactivamente a las operaciones vinculadas producidas antes de su vigencia, por tratarse de normas penales posteriores que en definitiva son más favorables al reo (“Se aplicará la ley penal posterior más benigna (…) de preferencia sobre la ley penal vigente al tiempo de ser cometida la infracción o dictarse sentencia”, Código Integral Penal, art. 16, 2º).

En todo caso, se trate o no de traje a la medida, lo de fondo es que exonerar de pena a quien conceda créditos vinculados (si estos son pagados) es una peligrosa invitación a que vuelvan a pulular travesuras bancarias que quedaron proscritas desde 1999. Es una invitación al saqueo. Advertido queda.