Ecuador. sábado 16 de diciembre de 2017
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El mejor juez

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

El juez federal de los Estados Unidos para Distrito Sur de Ohio, Timothy Black, dictó hace poco una sentencia (Caso 1:10-cv 720) declarando inconstitucional una oscura ley del estado de Ohio que prohibía decir mentiras en las campañas políticas.

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador


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El juez federal de los Estados Unidos para Distrito Sur de Ohio, Timothy Black, dictó hace poco una sentencia (Caso 1:10-cv 720) declarando inconstitucional una oscura ley del estado de Ohio que prohibía decir mentiras en las campañas políticas. Para el juez es la sociedad, y en concreto los electores quienes deben decidir cuándo un político está mintiendo, y no una entidad pública. La ley llevaba en vigencia algunos años, y autorizaba a la Comisión Electoral de Ohio a determinar si tal o cual declaración política era verdadera o falsa. La ley había ya sido cuestionada por el efecto disuasivo que un posible enjuiciamiento ejercía sobre quienes querían criticar a los políticos.

“La respuesta a las falsas declaraciones políticas no es imponer el silencio (prohibiendo las mentiras) sino fomentando el discurso de la verdad, y dejar que sean los electores, y no el gobierno, quienes decidan cuál es la verdad”, señala el juez Black en su decisión. Recordando la popular serie de televisión House of Cards el juez dice en su fallo: “No hay mejor manera de vencer al más pequeño goteo de dudas, que una inundación de la verdad desnuda”.

La sentencia puso fin a un complicado proceso de cuatro años. Susan List, una activista antiaborto, planeaba comprar una valla publicitaria para denunciar al diputado de Ohio, Steven Dreihaus, como favorecedor del aborto con fondos públicos. La prueba, según los activistas, era que él había votado a favor de la ley sobre salud pública de Obama. Dreihaus declaró que era una mentira decir que él favorecía el aborto, y que él fue elegido precisamente sobre una plataforma antiaborto. Dreihaus presentó un reclamo ante la Comisión Electoral.

El empresario, temeroso de verse involucrado en acciones legales, optó por negarse a vender la valla publicitaria. Habiendo perdido su reelección, Dreihaus retiró nomás su reclamo. Sin embargo, la Comisión Electoral ya había determinado que existía “causa probable” de violación a la ley por parte de la señora List, y que abriría una investigación.

La activista aprovechó esta resolución para demandar la inconstitucionalidad de la ley. En un comienzo el juez desechó la acción aduciendo que contra los demandantes no pendían cargos penales, y que la valla no había llegado a instalarse. Los activistas apelaron y llegaron hasta la Corte Suprema, quien resolvió que ellos sí tenían derecho a demandar a la ley aunque no hayan sido acusados penalmente, y, por lo tanto, reenvió el caso a la primera instancia.

A veces es difícil discernir quién dice la verdad en la arena política, pero entregar esa decisión a un organismo público – señala el juez Black– podría dejar en la vulnerabilidad a quienes critican al gobierno. Su fallo sigue una robusta jurisprudencia tanto estadounidense como de los tribunales regionales de Estrasburgo y San José, contrarias a la intervención de organismos estatales en la tipificación de infracciones e imposición de sanciones a la libre expresión política, inclusive cuando se hagan falsas afirmaciones. Para ello la sociedad, no el Estado, es el mejor juez.

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* El texto de Hernán Pérez Loose ha sido publicado originalmente en El Universo.