Ecuador. jueves 14 de diciembre de 2017
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El Frente Amplio es peronista, no batillista

Julio María Sanguinetti
Montevideo, Uruguay

La analogía entre Batllismo y Frente Amplio es profundamente equivocada, salteándose las profundas diferencias filosóficas e ideológicas entre ambas formaciones políticas. En cambio, cada vez más, el Frente Amplio se aproxima a la práctica histórica del peronismo.

Julio María Sanguinetti
Montevideo, Uruguay


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La analogía entre Batllismo y Frente Amplio es profundamente equivocada, salteándose las profundas diferencias filosóficas e ideológicas entre ambas formaciones políticas. En cambio, cada vez más, el Frente Amplio se aproxima a la práctica histórica del peronismo.

Dejándose llevar por una prédica que viene realizando el Frente Amplio desde hace algún tiempo, algunos calificados periodistas han establecido un paralelo entre el Batllismo y el Frente Amplio, a partir de que éste se ha convertido en un partido cuasi hegemónico, que ha logrado ganar tres elecciones seguidas. El éxito electoral del Frente Amplio es obvio y, en ese sentido, puede entenderse que se establezca una comparación con lo que fueron los tiempos de mayoría batllista, antes y después de la dictadura. Si vamos a la sustancia, en cambio, nada tiene que ver el Frente Amplio con lo que fue —y sigue siendo— el Batllismo, sustantivamente distinto al corporativismo de raíz peronista hacia el cual se ha deslizado el oficialismo uruguayo.

Ante todo, el Batllismo es “democracia liberal” y el Frente Amplio no puede decirlo cuando su Presidente acuñó ya el siniestro concepto de que “la política predomina sobre lo jurídico”, ampliamente publicitado cuando el Mercosur suspendió arbitrariamente al Paraguay y habilitó el ingreso de Venezuela. Como ha dicho el Dr. Hebert Gatto en reciente artículo, “está claro que pese a las mutaciones ideológicas que atravesó la izquierda, es su fuerte antiliberalismo el que aún la domina”, lo que pone “en juego diferentes valoraciones sobre el individuo, las clases sociales, el constitucionalismo, las garantías de los derechos y las formas futuras de convivencia económico-social”.

La catarata de leyes inconstitucionales, votadas deliberadamente bajo esa condición, ratifica la idea de que el Estado de Derecho no es un valor a cuidar para el frentismo. Nada debería sorprender cuando, al lado de dirigentes demócratas, militan comunistas y tupamaros, que si bien hoy actúan bajo los códigos, lo hacen por interesada resignación y no por una convicción claramente asumida. El modo abusivo en cómo han empleado su mayoría parlamentaria es reveladora de esa estirpe autoritaria que alienta en vastos sectores frentistas.

Ello se refleja también, inequívocamente, en nuestra política exterior, arrastrada hacia la devoción a la dictadura cubana y a la cripto-dictadura venezolana, que todos los días pisotea las más fundamentales libertades. Por cierto, el Uruguay mantuvo siempre relaciones diplomáticas con regímenes contrarios a su sistema, en una línea de pluralismo ideológico que no contaminó los vínculos formales de nuestra República. Con Cuba y Venezuela, nuestro gobierno ha actuado, más allá de ese rumbo, adhiriéndose a sus prédicas liberticidas; se han declarado hermanados y han defendido aun las disparatadas disposiciones del Presidente Nicolás Maduro. En esa misma línea, se ha enterrado la clásica defensa de la existencia del Estado de Israel para sumarse del peor modo al coro de sus enemigos.

En otro terreno fundamental, es evidente que las corporaciones sindicales ejercen el verdadero poder en la estructura frentista. Los episodios en la administración de la salud, la vivienda, la educación o el voto parlamentario impuesto a sus legisladores por el SUNCA en la conocida ley de responsabilidad empresarial, son testimonio irrefutable de esa subordinación política a la imposición gremial. La actitud del Batllismo fue históricamente distinta, porque respetó el valor del sindicalismo sin que desde el gobierno se le contaminara políticamente. En los tiempos en que el Batllismo estaba en el gobierno y manejaba los resortes de la política social, siempre consideró que el Estado debía ser el árbitro entre el capital y el trabajo y que éticamente el partido de gobierno debía abstenerse de cooptar a la dirección gremial. No hay duda de que Batlle y Ordóñez podía haberlo hecho en su tiempo, pero su política fue explícitamente la de no interferir en la vida gremial.

Por esta razón, el gobierno frentista es perfectamente comparable con el peronismo histórico y el kirchnerismo actual, que asientan su poder en el manejo de una poderosa estructura gremial que ejerce un poder de hecho y es administradora de fondos públicos. Si algo faltara, como definición, basten las recientes expresiones de la Senadora Topolanski, que afirmó en reportaje a Brecha que “las mayorías que no se consiguen en el Parlamento, se consiguen con la gente en la calle”.

En el ámbito de la concepción democrática, el Batllismo rechazó la lucha de clases como motor de la historia y sostuvo siempre que la democracia, con el voto ciudadano, era el camino para que los más pudieran influir en el rumbo del país. Por el contrario, el Frente Amplio se ha alejado de esa línea de conciliación social y ha estimulado con rencores la división de la sociedad. En ese sentido, son ejemplares las palabras del Presidente Mujica en su reciente audición, llamando al odio entre pobres y ricos, como si nuestra sociedad no fuera una gran congregación de clases medias, con minoritarios extremos a sus dos puntas, que no desfiguran la igualdad ante la ley que es código histórico de nuestra nacionalidad.

Son demasiado profundas estas diferencias para deslizarse hacia esa comparación equivocada. El Frente Amplio es cada día más peronismo y menos socialdemocracia y, más allá de la retórica, así lo dicen los hechos.