Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
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Pura finta

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Con carta del pasado 4 de diciembre, renunció el presidente de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), el exmagistrado colombiano Carlos Gaviria.

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador


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Con carta del pasado 4 de diciembre, renunció el presidente de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa), el exmagistrado colombiano Carlos Gaviria.

Digresión: la Caitisa fue creada por decreto del 6 de mayo de 2013 y entre las consideraciones para hacerlo estuvo la “urgente necesidad de una revisión de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones”. En esa línea, se dijo que una de sus “funciones primordiales” era “determinar la existencia de probables indicios de responsabilidades civiles, penales y administrativas para derivarlas a las autoridades pertinentes” (art. 3, b, 7). Era obvio que el trabajo de la comisión concluiría con pedidos de juicios penales por, cómo no, “peculados”, contra quienes los negociaron o firmaron.

La renuncia del doctor Gaviria se basa en dos motivos: el primero, la “conclusión de un Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea (…) que generó, lógicamente, inquietudes e interrogantes en el seno de Caitisa, por razones que no es preciso hacer explícitas”. Y segundo, la “renuencia, por parte del Gobierno, de llevar a término el proceso de denuncia de varios tratados bilaterales de inversión, pendiente solo de una decisión política, aunque la experiencia del país en el ámbito de tribunales internacionales de arbitramento, ha sido no solo onerosa sino nefasta”.

Al margen de la frustración del renunciante, es muy grave y merece aclaración oficial aquello de la “renuencia” (y no simple desidia) a denunciar los “perniciosos” tratados de protección de inversiones.

El proceso de denuncia está en manos de la Asamblea desde mediados de 2010, cuando recibió los dictámenes favorables de la Corte Constitucional, y hasta la fecha sigue mayoritariamente engavetado.

El ‘daño’ (doloso por la renuencia) continuaría entonces, por lo que los restantes miembros de la Caitisa deberían pronunciarse también sobre “probables indicios de responsabilidades civiles, penales y administrativas” de quienes, por más de cuatro años, han “traicionado a la patria” permitiendo que sigan vigentes (…)