Ecuador. lunes 18 de diciembre de 2017
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Atrayendo inversión privada

Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador

El gobierno piensa que es motor de la economía, cuando su principal responsabilidad es la administración pública.

Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador


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El gobierno piensa que es motor de la economía, cuando su principal responsabilidad es la administración pública. Vive de los impuestos que le cobra a las actividades económicas productivas y junto a la Asamblea, se dedica a regularlas. Por eso es vital que la legislación guarde relación con los principios del libre comercio y del sentido común. De lo contrario, podría matar a las gallinas de los huevos de oro, quedándose sin recursos, como ocurrió en la Venezuela revolucionaria, después de aniquilar a la cadena productiva.

Algunos opinan que se puede dirigir la economía desde el Estado, tomando como modelo a los países comunistas que quebraron. Así, la SENPLADES nos habla de la matriz productiva y de fomentar ciertas actividades, que por alguna razón le gustan más que otras. La realidad es que ninguno de los productos de exportación no petroleros o incluso los petroleros, nacen de la iniciativa pública. Siempre han sido emprendimientos de personas del sector privado, que decidieron asumir un riesgo para dedicarse a determinada actividad económica, generando fuentes de trabajo y tributos.

El modelo económico del socialismo del siglo veintiuno ha fracasado, porque se basaba en la creencia equivocada de que el precio del barril de petróleo se iba a mantener alto. Consecuentemente, el poder ejecutivo estima que la solución es imponer salvaguardias para restringir el libre comercio. No admite que el remedio al déficit fiscal causado por el exceso de gasto público es impulsar las ventas, mas no limitar las compras.

Es vital que existan reglas de juego claras y estables en el tiempo, con una legislación amigable a la inversión, que atraiga los dólares que nuestra economía requiere. En Cuba existen reglas inalterables, pero pocas personas consideran que ese país es un paraíso para la inversión. La seguridad jurídica implica la existencia instancias judiciales independientes, ante las cuales se puedan reclamar derechos vulnerados.

El Estado debe brindar oportunidades para que los ecuatorianos y extranjeros, sin importar el sector económico que quieran desarrollar, puedan invertir con facilidad, tranquilidad y estabilidad en el tiempo. De allí surgirá la innovación. No de un decreto o de la sonrisa temporal de un ministro de gobierno.