Ecuador. domingo 10 de diciembre de 2017
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El derecho a rectificación y respuesta: ¿una mordaza para el derecho a la libertad de expresión?

Martina Rapido Ragozzino
Quito, Ecuador


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Los derechos humanos están acompañados por una obligación horizontal de no discriminación y buscan salvaguardar las condiciones mínimas que garanticen una vida digna a todos los seres humanos, con miras a poner límites a las actuaciones del Estado. Pero, ¿que sucede cuando son estos derechos, inherentes a todas las personas, los que son empleados como forma de restricción?

El 10 de mayo de 2015 un video ordenado por el Ministerio del Ambiente interrumpió el programa de Ecuavisa ‘Visión 360’ con la finalidad de “rectificar” una programación emitida en abril. La interrupción –que duró 13 minutos– buscaba desacreditar el reportaje, transmitido por el medio el 19 de abril sobre las causas de la deforestación, porque “no era completo y no tenía el sustento técnico necesario”. El video fue transmitido por el canal televisivo bajo protesta, al considerar que no cumplía con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación.

Cuatro días después se empleó nuevamente la figura de la rectificación, esta vez en contra del Diario el Comercio. Se lo sancionó por una artículo publicado el 5 de abril donde se hacía referencia al proyecto Coca-Codo Sinclair. La denuncia a la Supercom fue presentada por el Ministro de Electricidad y Energías Renovables Estaban Albornoz, a su vez presidente del proyecto. El diario manifestaba que había existido un reajuste en el precio del proyecto, una afirmación erronea según Albornoz. A pesar de no contar con evidencia de cuál habría sido el error en su noticia, el 20 de mayo El Comercio publicó la rectificación junto con las disculpas públicas exigidas.

Estos son los últimos dos casos en que se ha aplicado lo que establece el artículo 23 de la Ley Orgánica de Comunicación: “Todas las personas tienen derecho a que los medios de comunicación rectifiquen la información que han difundido sobre ellas, sus familiares o sobre los asuntos a su cargo cuando existan deficiencias en la verificación, contrastación y precisión de la información de relevancia pública […].” A pesar de la existencia de esta ley, y de sus buenas intenciones, ¿podría convertirse el derecho a rectificación y respuesta en una forma de restringir el derecho a la libertad de expresión?

La Convención Americana de Derecho Humanos contiene, en su artículo 13, el derecho a la libertad de expresión con todas sus dimensiones y alcance. A su vez, en el artículo 14, contiene el derecho a rectificación como una obligación reparatoria a la persona de la que se ha difundido información inexacta o agraviante. Ambos derechos, por lo tanto, son de inmediata aplicación, pero no podemos emplear uno en detrimento del otro. En este sentido, la Corte Interamericana ha manifestado que “[…] al regular la aplicación del derecho de rectificación o respuesta, los Estados Partes deben respetar el derecho de libertad de expresión que garantiza el artículo 13 y este último no puede interpretarse de manera tan amplia que haga nugatorio el derecho proclamado por el artículo 14.1.”

El derecho a rectificación y respuesta es un derecho humano pero, en manos de las personas equivocadas, puede resultar ser una restricción ilegítima al derecho a la libertad de expresión. La proporcionalidad de esta medida debe ser analizada con atención a fin de que no se vulnere otro derecho. Además, es necesario tomar en cuenta que la Comisión Interamericana ha hecho énfasis en que la rectificación cabe solo en relación con informaciones fácticas y no opiniones personales.

No se puede emplear este derecho con la finalidad de tener acceso gratuito al medio de comunicación para impartir su opinión o postura por el simple hecho de que la opinión trasmitida por el medio es diferente. Este derecho no es el medio a través del cual el Gobierno puede hacerse propaganda y desacreditar a quien difundió la noticia original. Se debe demostrar que, efectivamente, la noticia presentada es inexacta y agraviante, y que puede producir desinformación o incluso problemas de orden público. Los medios no pueden tener la carga extrema de difundir gratuitamente toda opinión contrapuesta a sus difusiones porque eso, a la larga, lleva a un detrimento del derecho a la libertad de expresión.

Seamos claros, el derecho a rectificación y respuesta es necesario para poder proteger a los ciudadanos de las injerencias en su vida privada, en su honra, debido a la difusión de información que establece hechos erróneos o incluso que imputa delitos que no han sido cometidos. Es importante reconocer que la inclusión de este derecho en el ordenamiento interno es un gran logro y cumple con la obligación de adecuación normativa que tiene el Estado como consecuencia de las obligaciones internacionales que ha adquirido. Aun así, en este momento, el empleo de este artículo busca limitar la libertad para informar, para comunicar, para dar acceso a la información, todos componentes esenciales del derecho a la libertad de expresión.

El artículo 23 de la LOC, por si solo, podría resultar una restricción válida al derecho a la libertad de expresión y una forma de asegurar los derechos de los ciudadanos. No obstante, observando detenidamente sus consecuencias y la forma de emplearlo hoy en día en el país, se puede cambiar de parecer. Lo que se hace es usar un derecho para generar censura y se deja de perseguir un objetivo legítimo. Se trata de emplear un derecho como el de rectificación y respuesta para perseguir a los medios que transmiten información desfavorable al Gobierno empujando a los mismos a la autocensura.

A través de esta figura, la Supercom decide qué información incumple con la ley. No es de asombrarse que mucha de esta información -si en realidad existiera una balanza de igualdad- jamás sería rectificada porque se estaría invadiendo la esfera del derecho a la libertad de expresión. Desafortunadamente, la balanza ha sido adulterada y el derecho a rectificación y respuesta es usado para callar de cierta manera las expresiones contra funcionarios o entidades públicas. Tal vez esto no desaparezca periodistas ni los asesine, pero sí impide que la información sea libre. Incrementará el miedo y la autocensura porque siempre estará latente la posibilidad de que se use la rectificación como mordaza.