Ecuador. Martes 25 de Julio de 2017
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Nuestro soberano

Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador

Una asambleísta del oficialismo declaró en mayo que “quien está gobernando el país es Alianza País, somos nosotros quienes estamos en el poder, y aquí no hay división de poderes, aquí hay funciones distintas, que tenga mucha claridad en esa diferencia, no estamos aquí en la lógica de Montesquieu…”

Montesquieu promovía la teoría de la separación de los poderes para impedir que el Estado oprima a la persona mediante las facultades coercitivas que la ha otorgado la sociedad, evitando regresar al despotismo de los monarcas.  Con eso en mente, cada función del Estado debe ser parte de un sistema de controles y contrapesos que previene que alguien se sobrepase.


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Cuando el presidente advierte a la oposición que si no se porta bien podría ordenar a la Asamblea Nacional retirar aquella disposición transitoria reformatoria de la Constitución recientemente aprobada por el poder legislativo que establece que no podrá relegirse en el siguiente periodo de elecciones, denota tiranía.  Ninguno de los otros cuatro poderes del Estado reaccionó, como es su deber, ante esa declaración inconstitucional.  Ni siquiera para defender el honor ofendido.

Estas confesiones y omisiones son coherentes con lo actuado. No se convocó a un referéndum para modificar uno de los elementos esenciales del Estado: el poder.  A pesar de que la Constitución así lo ordena. Este montaje se justifica señalando que los asambleístas oficialistas, que son mayoría y responden a las órdenes del presidente, fueron elegidos por el pueblo.  Lo que no comentan es que todo cargo tiene funciones delimitadas y en este caso, reformar la Constitución, no era competencia del legislador.

También se alega el haber ganado unas elecciones.  Pero si el oficialismo estaba tan seguro ¿por qué no sometió estas o somete las próximas reformas planteadas al referéndum ordenado por la Constitución?: por terror.  Saben que pierden.

Ya sin dinero en las arcas públicas y ante su incapacidad para fomentar la productividad, quieren radicalizar su proyecto político, para tener más armas de sometimiento.    Su eslogan es “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”.   El mismo razonamiento del despotismo ilustrado, que pretendía concentrar el poder en la figura de un rey, cuya autoridad para gobernar proviene de Dios y solamente el monarca, asesorado por sus filósofos, sabía lo que era mejor para el pueblo.