Ecuador. Domingo 23 de Julio de 2017
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La Asamblea Constituyente

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

La convocatoria a una Asamblea Constituyente es el primer paso que el país necesita dar para su reinstitucionalización.

Es, sin duda, un paso radical, que no está exento de riesgos y problemas. Pero es un salto necesario no solo para implantar una democracia constitucional, sino también para sacar al país de su profunda crisis económica.


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Las asambleas constituyentes no son ajenas a la historia ecuatoriana. Ellas han sido el mecanismo tradicional para salir de regímenes dictatoriales, o ponerle punto final a épocas de turbulencia institucional. Una de las pocas excepciones fue en 1979, cuando nuestro país salió de una dictadura mediante la aprobación de una nueva Constitución por referéndum popular sin pasar por una Constituyente. Pero, como decía, ese fue un caso excepcional. Además, a diferencia de ahora, la dictadura de entonces tuvo al menos la sensatez de no querer perpetuarse políticamente en el poder.

Cierto es que países con frecuentes interrupciones constitucionales han optado por otras fórmulas. En Argentina, por ejemplo, simplemente se ha declarado la vigencia de su Constitución histórica al reinicio de cada periodo democrático. Pero la fórmula seguida por Ecuador ha sido la Constituyente.

Pero si la reinstitucionalización pasa necesariamente por una Constituyente, ella es más urgente aún para salir de la crisis económica. A diferencia de las constituciones democráticas modernas, la de Montecristi se caracteriza por plasmar en su texto el plan de gobierno y económico del movimiento que ganó las elecciones de 2006. Esto fácilmente puede comprobarse al ver la interminable lista de políticas gubernamentales que la actual Constitución establece para todas las áreas imaginables. Lo que explica, a su vez, que sea una de las constituciones más reglamentarias y más largas del mundo. En Montecristi se olvidaron de que en una democracia las políticas gubernamentales deben responder a las preferencias electorales, y que los ciudadanos tenemos derecho a cambiar de tiempo en tiempo tales políticas. Ellas no deben formar parte del marco constitucional, sino que este debe ser lo suficientemente flexible para albergar dentro de él políticas que respondan a diferentes visiones a lo largo del tiempo, y no solo a una de ellas.

En otras palabras, la de Montecristi no fue una Constitución redactada para que puedan gobernar partidos o movimientos que no coincidan con la mayoría de aquel entonces. Como observa Adam Przeworski, una constitución que no se redacta pensando en la oposición está condenada a fracasar. Es decir, la Constitución actual solo sirve para quienes aspiren a gobernar siguiendo el mismo modelo económico y político que hoy nos rige. Para quienes no aspiren a ello, o deberán implantar sus nuevas políticas sabiendo que son inconstitucionales, por lo que esas políticas no tendrán efectos duraderos, o deberán convocar a una Constituyente.

Solo el Poder Constituyente puede enterrar a un modelo económico fracasado así como a una dictadura, que de paso pretende no rendirle cuentas a nadie. Convocar a la Constituyente deberá ser el primer acto de Estado del nuevo mandatario. Será una señal clara de que el país entrará en una nueva época. (O)