Ecuador. Jueves 25 de Mayo de 2017
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ISSFA: ¿Quién viene después?

Héctor Yépez Martínez
Guayaquil, Ecuador

Ya pagaron los jubilados, a cuyo fondo de pensiones el gobierno zarpó el 40% anual de aportación.

Pagaron los empleados de las telefónicas, cuyas utilidades se las llevó el Estado, dejando intactas las ganancias de las multinacionales que controlan el mercado. Pagaron las amas de casa, obligadas a afiliarse al IESS negándoles la cobertura de salud. También pagó el sector inmobiliario, paralizado desde el anuncio de impuestos confiscatorios contra la herencia y plusvalía, un golpe durísimo a la construcción que ha dejado en la calle sobre todo a gente pobre, tan solo parte de los 85 mil ecuatorianos —más del 40% son jóvenes menores de 25 años— que perdieron su empleo en el 2015.

Ahora le tocó el turno a los militares en servicio pasivo, afiliados al seguro social de las Fuerzas Armadas, el ISSFA, al cual le han “reversado” una transacción por 41 millones de dólares pagados en exceso, según alega el Gobierno, en la compra de terrenos para el parque Samanes.

Yo coincido con el argumento estatal: según el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, las tierras debieron pagarse de acuerdo a su avalúo municipal con una variación máxima del 10%, norma que, si se aplica a la expropiación contra un particular, vale también para transferencias en el sector público. No tiene sentido que, por el mismo inmueble, el Estado pague a una entidad pública seis veces más que a un sujeto privado. Otra discusión sería analizar si el avalúo municipal es o no acorde con el valor real.

Resumo la explicación jurídica: si el Gobierno pagó en exceso, se puede rectificar ahora, siempre que exista un mutuo acuerdo de ambas partes (el Gobierno y el ISSFA) o que lo ordene un juez en sentencia. A este caso se no aplican las normas civiles de prescripción, porque este no es un contrato privado, sino público administrativo. Lo insólito es que esa “rectificación” la imponga una sola de las partes de forma unilateral. El Gobierno no puede simplemente debitar o compensar el valor del exceso, ya que los recursos del ISSFA no son del Ejecutivo, sino de sus afiliados, y, por tanto, no se pueden tocar sin su consentimiento o sin orden judicial.

Más allá de lo legal, sorprende que tremendo “error de buena fe” se advierta tanto tiempo después. Sorprende que el Gobierno no responsabilice a quienes intervinieron en la transacción. Sorprende el momento elegido: en plena crisis económica. Más que una rectificación de sobreprecios —cuántos no podrían investigarse, si esa fuera la intención real—, este parece otro intento más para raspar la olla contra todo lo que se mueve, en vez de corregir un modelo económico que no puede insistir en el despilfarro de plata que ya no ingresa al erario público. Ya pagaron los jubilados, las amas de casa, los trabajadores de las telefónicas, los obreros y albañiles, los contratistas y proveedores impagos, las decenas de miles de nuevos desempleados, los gobiernos locales despojados de sus recursos propios, los militares en servicio pasivo. ¿Y ahora? ¿Quién viene después?