Ecuador. Domingo 28 de Mayo de 2017
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El trimestre perdido

Santiago J. Bucaram
Quito, Ecuador

Ha quedado atrás el primer trimestre del año 2016 y con él se nos fue la poca esperanza que teníamos que el Gobierno Nacional realice los ajustes necesarios para rectificar el rumbo de la economía ecuatoriana.

Estos ajustes no sucedieron, ni creo que sucederán; puesto que, hasta hoy, el Gobierno sigue empecinado en defender su proyecto económico (caracterizado por niveles excesivos de gasto, impuestos y regulación) el cual nos ha conducido a una situación grave de iliquidez fiscal, aumento del endeudamiento y estancamiento productivo.

Actualmente, las necesidades de financiamiento del Gobierno se estiman en valores superiores a los 10.000 millones de dólares y las medidas que este ha tomado para cerrar esa brecha son más de lo mismo.  Entre estas medidas tenemos: primero, aumento de la carga tributaria (incluido aranceles) para las empresas y las familias ecuatorianas, destacándose en los últimos días los posibles impuestos sobre el consumo de cigarrillos, bebidas alcohólicas y azucaradas; supuestamente para proteger la salud de la ciudadanía (interesante que el Gobierno empiece a preocuparse por nuestra salud nueve años después de instaurada la Revolución Ciudadana y luego de casi dos años de que el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad promocionara con bombos y platillos la construcción en Ecuador de la segunda más grande planta embotelladora de Coca-Cola de Latinoamérica).

Segundo, más deuda dispendiosa proveniente de China (970 millones a 5 años plazo y a un tipo de interés del 6,2% más LIBOR con amortización trimestral), cuando pudimos haber obtenido fondos con condiciones mucho más favorables provenientes del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.

Tercero, atrasos en asignaciones a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), sumado a las amenazas de ampliar las atribuciones del Presidente para intervenir (disminuir) los presupuestos de los GADs, así como de reformar el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), para asignar los recursos del Gobierno Nacional a los Gobiernos locales basándose en el precio –variable- del petróleo (lo que nos lleva a preguntar: “¿Por qué no hicieron dicha reforma cuando los precios eran altos?”).

Cuarto, promesas incumplidas de “ajustes” (optimización) del gasto público (corriente), pese a que es fácil identificar entidades burocráticas innecesarias (como la Secretaria del Buen Vivir, el Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional, el Instituto Nacional de la Meritocracia, Instituto Espacial Ecuatoriano, entre otros), o incluso predicar con el ejemplo, exigiendo a la burocracia a acogerse al paro parcial que ellos fervientemente han promocionado como la panacea al problema de empleo del país.

Quinto, celeridad inusitada en las firmas de contratos petroleros y mineros a cambio de liquidez inmediata y bajo nuevas figuras legales creativas (i.e. derecho intangible) que a muchos genera preocupación. Y sexto, aumento de la deuda interna con proveedores, el IESS e instituciones financieras, destacándose el incremento del endeudamiento con el Banco Central del Ecuador, el cual ha pasado de $803,2 millones en octubre de 2015 a $2.177,7 millones al 24 de marzo de 2016.

En conclusión, durante estos tres meses, el Gobierno no ha tomado ninguna medida real enfocada en combatir la causa estructural de la crisis económica que sufre nuestro país (i.e. la formación de un sistema económico insostenible que es impulsado exclusivamente por un gasto público excesivo sin respaldo en eficiencia y productividad). Por el contrario, en este trimestre el Gobierno Nacional, en lugar de enfrentar las causas del problema se ha limitado a implementar tan sólo un conjunto de medidas a modo de parche con el fin de postergar los ajustes necesarios hasta después de las elecciones (i.e. febrero de 2017); y, de ser posible, incluso, hasta después de que el nuevo gobierno se posesione para así dejar los ajustes dolorosos (y sus costos políticos) en manos de aquellos que tengan que gobernar nuestro país desde el 24 de mayo de 2017.

Sin embargo, aún quedan nueve meses para componer el desorden que la “Revolución Ciudadana” nos ha dejado (después de nueve años de derroche); nueve meses para que el Gobierno rectifique; nueve meses para que la timorata oposición se despierte y pida cambios con la voz que la sociedad les ha concedido y que no ha sido usada efectivamente hasta el día de hoy.