Ecuador. Martes 27 de septiembre de 2016
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Pacto ético

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Durante su informe a la nación, el presidente llamó a los ecuatorianos a formar un pacto ético.

Nada más acertado. El Ecuador necesita ciertamente de un pacto ético, especialmente porque la ética ha sido la gran ausente de la vida pública durante los últimos nueve años.

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Claro que necesitamos de un pacto ético. Un pacto que deberá incluir un acuerdo para investigar dónde fueron a parar los 300 mil millones de dólares que entraron a las arcas fiscales durante la pasada década. Para ello se debería contratar firmas internacionales especializadas en lavado de activos, y suscribir un acuerdo de colaboración con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y su Servicio de Rentas. Es necesario también un acuerdo para restablecer la comisión ciudadana anticorrupción, crear una fiscalía anticorrupción y de delitos económicos, como en muchos países del mundo, y solicitar la asistencia de la ONU siguiendo el exitoso ejemplo de Guatemala. Los responsables de los despilfarros y sus beneficiarios deberán restituirle al erario los fondos abusados. La cantaleta de que el despilfarro es un “acto político” no sujeto a control es inadmisible.

Claro que necesitamos un pacto ético. Un pacto para investigar con rigor todos los contratos que se han firmado a dedo, sin los mínimos recaudos de transparencia, en particular los de este último año de gobierno. Gracias a ese pacto ético, se debería indagar y sancionar, entre tantos crímenes, la violación de los derechos humanos, el espionaje político y la criminalización de la protesta. El compromiso debería comprender la derogatoria de Ley de Comunicación y todas las restricciones que asfixian al derecho de asociación, así como la aprobación de una amnistía para los encarcelados y exiliados políticos.

Pero necesitamos un pacto ético que no solo mire al pasado, sino que nos sirva para construir un futuro. Por ejemplo, un pacto para que el Poder Judicial nunca más sea garante de la impunidad; para no volver a tener jueces que reciben sentencias en pendrives u órdenes a través de recaderos; ni un sistema de control constitucional que sea tapete del poder.

Tal debería ser este pacto que nunca más debería repetirse ese vergonzoso espectáculo de un presidente deambulando por los juzgados dizque como simple ciudadano para demandar indemnizaciones gigantescas alegando supuestos daños morales, y que cuando las obtiene las envía al exterior sin pagar impuesto a la renta para comprar sus propiedades. (Y que luego tenga cara de darnos clases de moral, y denunciar a quienes después de años de trabajo, y de pagar impuestos han logrado prosperar…). En fin, el pacto ético que necesitamos deberá hacer del Ecuador un país tan solidario como eficiente; un país que favorezca los negocios, no los negociados; un país con un Estado que no sirva para aupar monopolios, sino para alentar la competencia.

Un acuerdo ético como este desborda el horizonte exclusivamente electoral, y llama a decisiones audaces sobre nuestro futuro. Un futuro que no puede depender ciertamente de un simple cambio de gobierno, sin la destrucción de un sistema. (O)

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