Ecuador. Lunes 5 de diciembre de 2016
  • Seguir en Facebook
  • Seguir en Twitter
  • Seguir en Google+
  • Seguir en YouTube
  • Seguir en Instagram
  • Seguir en LinkedIn

“Inteligencia financiera”

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

“La previsión es una forma de prudencia propia de seres inteligentes” (Peña Triviño, Eduardo, Manual de Derecho de Seguros, 1999, p. VII).

Augusto Espinosa, ministro de Educación, intentando justificar por qué la escuela del milenio de Pedernales, destruida por el reciente terremoto, no estaba asegurada: “Hay que tener una dosis de inteligencia financiera. Supongamos, en el caso de la infraestructura educativa, que tiene un valor de 2.000 millones. La póliza cuesta 2 % anual. Eso significa que debiéramos pagar como Estado 40 millones al año. Imaginemos que pagamos por 30 años, el costo es de 1.200 millones. Si se produce un terremoto y se destruye el 20 % del patrimonio, eso supone 400 millones que nos devuelve la aseguradora. Si pagamos 1.200 millones, eso significa que el Estado perdió 800 millones… Se habría enriquecido alguna aseguradora y el pueblo habría perdido” (Contacto Directo, Ecuavisa, 22 de junio de 2016).

Publicidad

Contraloría General del Estado, Reglamento General para la Administración, Utilización y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público: “La protección de los bienes incluye la contratación de pólizas de seguro necesarias para salvaguardarlos contra diferentes riesgos que pudieran ocurrir, se verificarán periódicamente la vigencia y riesgos de cobertura de las pólizas” (art. 5).

Ministro Espinosa: “La Contraloría no puede emitir un reglamento que vaya en contra de la Constitución y demás leyes que mandan a que actuemos con inteligencia, que cuidemos los recursos, no solo los bienes, sino los recursos del pueblo ecuatoriano. Asegurar, en términos netos, siempre es perjudicial… A veces se dice cosas con ignorancia de la ley” (Contacto Directo, ídem).

Corolario: la teoría de la inteligencia financiera del ministro Espinosa (reposición de pérdidas en vez de pago de primas de seguro) tiene que ser confrontada con la postura que al respecto tenga la Contraloría.

El resultado es previsible, pero urge -más allá de la claridad del reglamento- un pronunciamiento específico. No vaya a ser que semejante “inteligencia” se contagie a otras entidades.

Publicidad