Ecuador. Sábado 3 de diciembre de 2016
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Los incentivos

Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador

El artículo uno del proyecto de “Ley Orgánica de Incentivos Tributarios para Varios Sectores Productivos” remitido el 8 de agosto con el carácter de urgente por parte de la presidencia de la República, propone deducir del impuesto a la renta hasta el 100 % de los gastos incurridos cuando las micro y pequeñas empresas contraten seguros médicos y de medicina prepagada para todos sus trabajadores.

El descuento será del 50 % cuando las empresas medianas y grandes hagan lo mismo.

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Este proyecto significa que el Ministerio de Salud y el IESS no pueden seguir cubriendo los gastos médicos a los que obligaron al Estado en una estrategia de populismo y de promesas sin financiamiento, propias del socialismo del siglo XXI.

El sistema de seguridad social ha colapsado. Sus proyecciones actuariales para pensiones y gastos de salud son deficitarias a mediano plazo. Poniendo en riesgo las coberturas de los ecuatorianos. El fin no debería ser mantener un modelo que ha demostrado que sirve poco, sino reformar la Constitución para encontrar vías que mejoren el sistema de salud pública de la sociedad civil.

Existen muchos países que han logrado con éxito cubrir los gastos médicos de la población. En Chile, los trabajadores están obligados a afiliarse a una empresa de medicina prepagada con ese fin. La diferencia con nuestro sistema es que las compañías compiten por calidad de servicio para que el afiliado las seleccione. Eso quiere decir que existen varias opciones, no solamente una. Si un trabajador siente que la empresa de medicina prepagada que escogió no le da un buen servicio, puede cambiarse a la competencia. No está atado, como nosotros, al monopolio público del IESS.

Esta reforma se la promueve después de la aprobación de otra Ley que obliga a las empresas que ofrecen cobertura de salud y medicina prepagada a asumir la indemnización de enfermedades en curso, lo cual va contra los elementos esenciales del aseguramiento que datan desde hace más de ochocientos años. El riesgo, para poder ser suscrito debe ser incierto, no cierto, como lo exige la nueva legislación. Una desmotivación más a la inversión de la empresa privada en el país, que surge porque el sector público trata de desviar hacia el sector privado las enfermedades catastróficas en curso que, en el esquema actual, debería atender el sistema de salud pública. Lo correcto sería cambiar el modelo a uno similar al de Chile, no que aportemos a dos sistemas: uno ineficiente (el IESS) y otro eficiente (el privado).

En ese contexto, las deducciones que promueve la Ley de Incentivos significan poco. Especialmente en una época en la que las empresas que podrían estar interesadas en contratar seguros de salud para sus trabajadores se encuentran golpeadas por la política pública de restringir el comercio, subir los impuestos y obligar, como si fuera un tributo, aportar al IESS, sin que obtengamos los servicios que esperamos. Gracias a todo esto, queda poca liquidez para que las empresas asuman lo que sería una inversión en seguros de salud para sus trabajadores.

Queremos soluciones de fondo: reducir el gasto público improductivo; menos tramitología; acuerdos comerciales con más países con los que comerciemos; disminuir los impuestos; legislación que nos permita captar nuevos capitales y un sistema de seguridad social competitivo. No leyes que intenten deslindar la responsabilidad del socialismo del siglo XXI en relación al déficit generado por una administración pública con visión del siglo XIX.

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