Ecuador. Jueves 8 de diciembre de 2016
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La seguridad jurídica de un dictadura

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

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No solo que la dictadura torció la acción de protección constitucional, pues ella está hecha para defender a los ciudadanos de los abusos del poder estatal y no para que el Estado persiga a los ciudadanos, sino que, además –y esto ha pasado medio desapercibido–, en su demanda ella sostiene que el derecho que le ha sido violado al dictador es el de la seguridad jurídica. Todo porque un consejo de disciplina militar no sancionó a un oficial como él quería. La verdad es que no se sabe si reír o llorar. O ambas cosas.

Él, el que, entre otras cosas, se jacta de ser el jefe de todos los poderes del Estado; el que ha condenado a prisión o ruina a decenas de personas con solo así pedirlo los sábados; el responsable de cambiar las reglas de las actividades económicas a cada rato; el que ordenó que no haya consulta popular para decidir si el país quería o no la reelección indefinida, pero ha ordenado que haya una consulta popular con dedicatoria a un candidato –Guillermo Lasso–; el que ha ahuyentado la inversión privada que podría haber venido al país; el que con fruición adjudica a dedo los contratos públicos importantes; el que va a entregar al próximo presidente un país quebrado; el que a pesar de la grave crisis económica sigue endeudando al país en las peores condiciones; el responsable del desempleo creciente y de la más seria recesión económica; el que durante nueve años se ha pasado insultando y humillando a medio mundo; ahora resulta que es víctima de inseguridad jurídica. (¿Han tenido entonces razón las multinacionales que han denunciado al Ecuador por su inseguridad jurídica si hasta el dueño del país se queja de lo mismo?…).

La caricatura que han hecho del derecho a la seguridad jurídica –que en realidad es más bien un principio jurídico del Estado de derecho– revela una grotesca fachada del régimen. Para el dictador solo hay seguridad jurídica cuando los poderes públicos y la sociedad, en general, hacen lo que él desea: cuando los jueces dictan las sentencias que él quiere; cuando los órganos de control controlan lo que él quiere que controlen; cuando la legislatura aprueba las leyes que él ordena; cuando los asambleístas dicen o callan sumisamente lo que él dispone; cuando los periodistas dicen lo que él quiere escuchar. Allí hay seguridad jurídica.

No fue una sorpresa por ello que el juez del caso de marras le haya concedido lo que él pidió, incluyendo esa declaración que lo corona como una suerte de Generalísimo. Con la clase de jueces que tenemos, lo que él pida será concedido. No en balde al Ecuador se lo ubica tanto entre las peores economías del mundo como entre los países más corruptos.

Irónicamente, si hay alguien que tiene derecho a quejarse de inseguridad jurídica es el capitán de corbeta: será juzgado dos veces por el mismo hecho y encima por un tribunal especial. (O)

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