Ecuador. Jueves 29 de septiembre de 2016
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Colombia: entre un pasado violento y un futuro incierto

J. Eduardo Ponce Vivanco
Lima, Perú

Difícil es evaluar acuerdos negociados al milímetro durante cuatro años, con participación de Fuerzas Armadas (FFAA), víctimas, países garantes y acompañantes, y el apoyo de Naciones Unidas (NNUU), la Unión Europea (UE) y ONGs.

¿Cuántos analistas los habrán procesado rigurosamente (297 páginas, al promedio de 560 palabras por hoja)? ¿Cuántos colombianos los leerán antes de votar en el referendo? ¿Las FARC –y su futuro partido– los cumplirán de buena fe? ¿Sus “autoridades” serán obedecidas por la militancia?

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Si la mayoría para reformar la Constitución es la mitad más uno, ¿cómo se puede aprobar una reforma tan sustantiva y compleja con 13% del voto ciudadano? ¿Está bien ignorar al Procurador General (competente para “prevenir las irregularidades cometidas por los gobernantes”) cuando afirma que la pregunta plebiscitaria solo debería pedir que se apruebe el acuerdo con las FARC, sin implicar que el “no” es un voto contra la paz?

Uribe y Santos lucharon –y consiguieron– que la comunidad internacional califique a las FARC como movimiento “terrorista”. Pero el acuerdo las tipifica como “rebelión” (lucha armada contra un orden injusto) y los crímenes conexos devienen en “delitos políticos” al servicio de una causa presuntamente superior. ¿Es aceptable que “El fin justifica los medios” sea el criterio referencial de los acuerdos? Explosiones mortíferas, secuestros masivos e interminables, abuso sexual y asesinato de rehenes, minas antipersona, extorsión, reclutamiento de menores guerrilleros, narcotráfico, y otros crímenes abominables se atenúan o redimen con interpretaciones ad hoc a incorporarse en la Constitución.

Los colombianos son libres de perdonar a las FARC y apoyar los acuerdos. Pero todos tienen derecho a la información objetiva que debe justificar su voto. Los pactos se presentan como acuerdos “humanitarios” para enmarcarlos en la excepcionalidad propia de los Convenios de Ginebra (1949). ¿Se preguntarán si ello respeta los preceptos constitucionales que presiden el Estado de Derecho en su país? El debate es intenso porque los acuerdos plantean una refundación constitucional vía “fast track” (“tómalos o déjalos”) para aprobar un bloque de normas fundamentales no debatidas en el Congreso, sino negociadas como un tratado internacional.

De ser refrendados (por 13%), los acuerdos marcarán un verdadero cambio de época en Colombia. Esperemos que traigan paz y renovación nacional, pero es imposible descartar los problemas e incertidumbre que pueden provocar en el futuro. Lo que sí sabemos es que exigen un enorme esfuerzo presupuestal que no solo se cubriría con ayuda internacional sino con una fuerte reforma tributaria, cuya aplicación confluirá con la campaña para las elecciones de 2018 –lo que explica el apuro del gobierno para cerrar la negociación de La Habana.

El cuerpo del Acuerdo General (sofisticado manual de una ONG “progresista”) tiene la huella del abogado negociador de las FARC, Enrique Santiago, militante del Partido Comunista español. Comienza con una ambiciosa reforma agraria (de tintes colectivistas) que se complementa con la “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” –capítulo que desvincula a las FARC del narcotráfico y lo reduce a “delito conexo” para financiar la rebelión.

Los negociadores ignoraron el Informe entregado al Gobierno por la Dirección de Inteligencia de la Policía colombiana que, según El Espectador, les atribuye un 60% de participación y control en las 159.000 hectáreas de cultivos de coca (“Las FARC se consolidan como el mayor cartel de narcotráfico del país”, mayo 5, 2016). Los fondos negros atesorados por la guerrilla no financiarán la reforma agraria ni los cultivos alternativos. Preguntémonos entonces ¿qué uso les darán? ¿Acaso financiar a su futuro partido político?

El trabajo de años en La Habana es un enorme monumento al voluntarismo y la ingeniería social. Además de los temas comentados, incluye nutridos capítulos sobre Participación Política, Cese de Hostilidades y Dejación de Armas, Reincorporación Civil de las FARC (“de acuerdo con sus intereses”), Garantías contra organizaciones criminales, Víctimas, Mecanismo de implementación y verificación, Jurisdicción Especial para la Paz, Reparación, y un Capítulo Étnico. Añádanse 21 Protocolos; 4 Anexos; 4 Acuerdos especiales; y una elaborada ley de desarrollo constitucional sobre amnistía, indultos y tratamientos penales especiales.

¿Es razonable someter este extenso y complejo conjunto de normas a un ciudadano no obligado a votar? ¿Por qué no lo llevaron al Congreso para que lo discuta y apruebe? Los colombianos responderán estas preguntas. Pero sería penoso que, de ser refrendado, un esfuerzo tan grande se estrelle contra la realidad. Esperemos que no ocurra.

[©FIRMAS PRESS]

*Exvicecanciller del Perú

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