Ecuador. Lunes 5 de diciembre de 2016
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Ley de seguros médicos y medicina prepagada

Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador

Es como decir que uno compraba con cinco dólares dos productos en la tienda y que después de aprobada una Ley, el gobierno pretende que el consumidor adquiera los mismos productos, más otros tres, por el mismo precio.

Eso es lo que los poderes ejecutivo y legislativo exigen a las empresas de medicina prepagada y de seguros de salud con la nueva Ley de Seguros Médicos y Medicina prepagada, al obligarlas a cubrir los gastos incurridos por sus afiliados en la red de salud pública.

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El presidente y los asambleístas llegan a la conclusión de que esto es posible sobre la base de un estudio de la Dirección Actuarial y de Investigación del IESS que determina que las empresas de medicina prepagada tuvieron en el 2014 una utilidad de 221 millones de dólares, cuando la realidad fue de 12,8 millones. El resultado de ese estudio parte del análisis de diecisiete empresas de medicina prepagada, pero nueve compañías de esa lista no son de medicina prepagada, sino de distinta naturaleza y objeto social, como laboratorios clínicos de radiología y otros. Además omite a diez empresas de medicina prepagada, algunas de las cuales tienen pérdida en sus balances.

Al asumir las nuevas obligaciones que la Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada ordena, las empresas de medicina prepagada tendrán que realizar un egreso adicional de 71.5 millones de dólares al año por el mismo precio, lo cual es una carga imposible de cumplir. Asimismo manda a las compañías de medicina prepagada o aseguradoras de salud a reinvertir las utilidades netas en cada ejercicio fiscal, en el porcentaje que determine la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Como si las empresas en mención fueran públicas, infringiendo su derecho a la propiedad privada.

Entonces uno se pregunta ¿qué hace el IESS con los aportes que por obligación constitucional pagamos mensualmente para que nos atienda? ¿Se los presta al gobierno para financiar su insaciable gasto? ¿Por qué los ecuatorianos tenemos que contribuir con impuestos que no se revierten en un mejor servicio del Ministerio de Salud? Ninguna de las dos instituciones funciona adecuadamente.

Ahora van a perjudicar a los cuatrocientos veinte mil afiliados del IESS, que simultáneamente contratamos un seguro de salud privado para poder recibir la atención que el IESS no provee. Nadie quiere pagar doble, pero la red de salud pública no cumple con su deber y por ese motivo las personas contratamos seguros privados.

La nueva Ley de Seguros Médicos y Medicina Prepagada cambia las reglas del juego. Altera la seguridad jurídica y la planificación a largo plazo. Por este acto autoridad ejercido por funcionarios públicos del socialismo del siglo XXI, se han cancelado convenios de medicina prepagada, dejando sin cobertura a personas que tienen enfermedades en curso. Ciertos pagadores de planes corporativos no podrán asumir precios más altos por la afiliación. Eso impactará económicamente al sistema de salud pública, porque a los afiliados que se quedaron sin cobertura no les quedará otra alternativa que buscar atención médica en la red pública, incrementando su siniestralidad.

El problema de fondo es que la seguridad social ha colapsado y como siempre, el gobierno quiere que el consumidor pague por la mala administración pública. Tenemos que encontrar un nuevo sistema, que no sea monopólico, ni perjudique a los ciudadanos que aspiramos a una atención médica decente. Tampoco puede lesionar los derechos de los inversionistas de las empresas de medicina prepagada y de seguros que confiaron en el país, generando empleo y tributos.

Si el socialismo del siglo XXI estuviera dispuesto a escuchar y a lograr acuerdos técnicos que beneficien a todos, no estaríamos en esta situación, pero su discurso populista se dedica a ofrecer beneficios sin financiamiento, pensando que con intervencionismos como los de esta nueva Ley, solucionarán el déficit de su ingente gasto público.

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