Ecuador. Lunes 5 de diciembre de 2016
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SCPM replica artículo de Eduardo Carmigniani

El día 14 de octubre de 2016, Eduardo Carmigniani, abogado y columnista de su medio de comunicación, en un artículo de opinión titulado Boletines engañosos, dentro de la sección Opinión, formuló varias afirmaciones erradas, por lo que nos permitimos realizar las siguientes aclaraciones:

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La resolución de la Comisión de Resolución de Primera Instancia (CRPI) del 28 de septiembre de 2016 a las 09h00, en su parte resolutiva manifiesta: “2. ACEPTACIÓN.- La Comisión de Resolución de Primera Instancia (…) ACEPTA la solicitud de compromiso de cese planteado por el operador económico OTECEL S.A, a condición del cumplimiento de todas las medidas correctivas, medidas complementarias y el pago del importe de subsanación”.

De la lectura de la resolución citada, se colige que la CRPI ha aceptado la propuesta de compromiso de cese presentada por el operador económico OTECEL S.A.

En el editorial suscrito por el doctor Carmigniani se dice que la SCPM no ha aceptado compromiso de cese alguno con OTECEL S.A., lo que resulta falso. También, de la lectura se podría deducir que el compromiso de cese es un acto bilateral entre la Superintendencia y el operador económico infractor. Sin embargo, el compromiso de cese es un acto unilateral en el que el operador económico infractor, que conoce que ha cometido o está cometiendo conductas contrarias a la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado, las reconoce por escrito y propone a la Superintendencia un compromiso de cese de las conductas infractoras y acepta la determinación de la subsanación económica que realice la CRPI.

La evaluación de las propuestas de compromiso, de cese es parte del ejercicio de la facultad discrecional de la Superintendencia de Control de Poder del Mercado para aceptarla, modificarla o desestimarla. En caso de que el infractor no cumpla con la resolución de la Comisión de Resolución de Primera Instancia, deberá declararla desestimada y ordenará que se continúe con el proceso de investigación.

Es inaceptable la adjetivación de incompetencia a los funcionarios que dirigen el área de comunicación de la Superintendencia, por lo que la rechazamos categóricamete por irrespetuosa.

Con estos antecedentes y con fundamento al artículo 24 de la Ley Orgánica de Comunicación que dice: “Toda persona o colectivo humano que haya sido directamente aludido a través de un medio de comunicación, de forma que afecte sus derechos a la dignidad, honra o reputación, tiene derecho a que ese medio difunda su réplica de forma gratuita, en el mismo espacio, página y sección en medios escritos, o en el mismo programa en medios audiovisuales, y en un plazo no mayor a 72 horas a partir de la solicitud planteada por el aludido. En caso de que el medio de comunicación no viabilice por su propia iniciativa el derecho de réplica, la Superintendencia de la Información y Comunicación podrán disponer, previa la calificación sobre la pertinencia del reclamo, las mismas medidas administrativas establecidas para la violación del derecho a la rectificación”, solicito un espacio en su medio de comunicación para acceder al Derecho a la Réplica establecido en la norma transcrita.

Atentamente,

Susana Naranjo Espinosa
Directora de Comunicación Social
Superintendencia de Control de Poder del Mercado

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