Ecuador. Sábado 10 de diciembre de 2016
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No a la paz en Colombia. O la necesidad de repensar nuestros mecanismos democráticos.

Ignacio Dávila Espinoza
Universidad de Warwick, Coventry, Reino Unido

Frente a los resultados del plebiscito por la paz en Colombia, las críticas a la democracia no se han hecho esperar; sin embargo, las propuestas no han corrido la misma suerte.

El argumento más usado es que en las zonas más afectadas por la guerra, el Sí ha triunfado; mientras en las otras, ha triunfado el No. Una vez más nos da la sensación de que los resultados de una votación no responden a los verdaderos intereses de los afectados, sino que son la consecuencia de artimañas de élites políticas. Sin embargo, la legitimidad de los resultados se atribuye a esa entelequia llamada el Pueblo, en este caso, el Pueblo de Colombia. El Estado colombiano debe responder únicamente a ese pueblo, conformado por principios de ciudadanía y origen. El conflicto armado es un problema que concierne a todos los colombianos, puesto que todos son afectados. La pregunta de fondo es: ¿se tomaron en cuenta a todos los afectados?

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No, definitivamente ese no ha sido el caso. Si bien todos los colombianos han sido afectados, no se da el caso que los colombianos sean los únicos afectados. La guerra con las FARC ha tenido terribles consecuencias en las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador. Las operaciones uribistas en territorio ecuatoriano son una muestra de cómo el problema de las FARC trasciende los límites del Estado colombiano. Una vez que aceptamos esto, ¿es válido afirmar que la legitimidad del plebiscito reside únicamente en el Pueblo de Colombia?

Una de las mayores exponentes de la teoría crítica en la actualidad, Nancy Fraser, nos ofrece una respuesta a este tipo de dilemas: en un mundo en que los efectos de una institución, corporación, guerra, etc., trascienden los límites geopolíticos de los Estados, las acciones políticas justas y legítimas no pueden basarse en decisiones que sean tomadas dentro de esos límites. En otras palabras, las acciones políticas tienen legitimidad y deben ser consideradas justas si y solo si se ha tomado en cuenta a todos los afectados por el problema, aun cuando estos no sean ciudadanos de ese Estado. En el contexto de la guerra colombiana, esto quiere decir que se debió haber considerado la voz y el voto de al menos las poblaciones fronterizas que, si bien no pertenecen a la jurisdicción colombiana, se han visto afectadas por el problema de la guerra. En la medida en que la guerra haya afectado sus formas de vida y les haya restado derechos, lo justo es que estas poblaciones, aunque no tengan nacionalidad colombiana, hayan tenido derecho a influir en una decisión que les concierne. A este principio, Fraser lo denomina ‘All-Affected Principle’ y asegura que es la única forma en que la democracia puede volver a representar los intereses del pueblo (no como entelequia abstracta, sino como personas concretas).

Pero el problema de los mecanismos democráticos y la pregunta de si se tomaron en cuenta o no a todos los afectados no termina ahí. Un poco tarde, pero el gobierno colombiano abrió las puertas para que los colombianos residentes en el exterior puedan votar. Para hacerlo, los interesados debían registrar sus cédulas en algún consulado o embajada. Parecería que el proceso se tornó más democrático y, por tanto, más legítimo. Dos objeciones. En primer lugar, quienes se vieron afectados por la guerra y fueron desplazados, no viven cerca de los consulados o embajadas y, probablemente, ni siquiera tienen cédula. La gran mayoría – no aquella élite que huyó ante las amenazas de secuestro y vive en Miami o alguna ciudad cosmopolita – vive en pequeñas poblaciones marginales en el puro anonimato. ¿Quiénes, sino ellos que son los principales afectados, debieron haber expresado su deseo mediante el voto? El deber del gobierno colombiano era asegurarse de mapear los lugares en los que vive la mayor cantidad de desplazados y haber llevado mesas de votación allí.

Inconstitucional, inviable, atentado contra la autodeterminación de los pueblos, atentado a la soberanía. Seguramente esas serán las respuestas de conservadores y reaccionarios a las propuestas que planteo. Quisiera volver a la etimología, puesto que el lenguaje es nuestra única arma para plantear soluciones. Crisis de la democracia es, sin lugar a dudas, el término que más se ha utilizado para describir a este fenómeno. Sin embargo, no se toma en cuenta el significado original de la palabra crisis. Sin alargarme en detalles técnicos, en su acepción original, la crisis se entiende como la ruptura de algo, que funcionaba perfectamente, que obliga a reflexionar, analizar y tomar decisiones drásticas. Algo que no se conoce, pero que resulta esclarecedor es que crítica y crisis comparten la misma raíz etimológica. La crítica, como actividad reflexiva del ser humano que le permite pensar soluciones innovadoras, es integral a la crisis. Resolver la crisis con acciones que se inscriben en el mismo marco que la produjo es una solución no solo conservadora e inocente, sino inútil. La crisis activa nuestra crítica; la crisis es el momento ideal para repensar el mundo. Pocas personas serían capaces de encontrar la solución a la crisis en las acciones cotidianas y habituales. La crisis nos abre las puertas a reinventar el futuro por medio de la crítica. Es en estos momentos de crisis en los que nuestras propuestas pueden atentar legítimamente contra la institucionalidad.

Al aplicar el ‘All-Affected Principle’, sin duda, estamos atentando contra muchos marcos legales; sin embargo, es un atentado justificado para rescatar la misma democracia. La democracia ha estado encerrada dentro de los muros de los Estados-Nación por mucho tiempo. La inviabilidad de mantenerla ahí encerrada se hace evidente en tiempos globalizados. Es un imperativo rescatarla. Empezar a aplicar el principio de Fraser es un comienzo, pero definitivamente no es el último paso.

 

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