Ecuador. Jueves 8 de diciembre de 2016
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¿A quién responde la Corte Constitucional?

Víctor Cabezas
Quito, Ecuador

Con una celeridad digna de toda oda, la Corte Constitucional ha emitido un dictamen favorable dando lugar a la pregunta que el Presidente Rafael Correa envió y que, de ser aprobada por los ecuatorianos en las urnas, prohibiría a los funcionarios de elección popular tener bienes o capitales en paraísos fiscales.

Esa celeridad y eficiencia con la que atienden los requerimientos del poder y que debería ser un motivo de complacencia y admiración, se torna en vergonzosa y ofensiva cuando observamos el abrupto contraste con el despacho de causas para los ciudadanos.

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Por concepción, el derecho constitucional es un límite para el ejercicio del poder. Los derechos y las libertades civiles son una suerte de barrera para los políticos y en esa lógica la Corte Constitucional es por excelencia el órgano destinado para supervisar y garantizar que los derechos ciudadanos sean respetados por el poder público. La Corte Constitucional es el órgano designado para interpretar ese conjunto de derechos ciudadanos, juzgar a quienes los vulneran, repararlos y generar las condiciones necesarias para su pleno ejercicio. En tal medida, es fundamental que la Corte Constitucional responda a los intereses ciudadanos, que atienda sus pedidos y que su obrar esté direccionado a la garantía de sus derechos. Lo contrario, es decir una Corte que responde con celeridad, eficiencia y casi sumisión a los intereses del poder político, engendra una degeneración total de su esencia e impone a los ciudadanos un sistema de garantía de derechos puramente cosmético.

Cualquier abogado en libre ejercicio que practique en el ámbito constitucional se conformaría y estaría complacido con que sus casos tuvieran tan solo una milésima de la eficiencia que la Corte Constitucional ejerce cuando de causas con intereses verde flex se trata. Tan solo una milésima. La justicia constitucional para ciudadano de a pie tarda mucho si es que en algún momento llega.

Cuando el órgano que por excelencia debe tutelar nuestros derechos y limitar el poder entiende equivocadamente su rol, se genera un peligroso sistema de constitucionalidad cosmética, donde todos los argumentos del Estado, por abusivos que sean, son maquillados constitucionalmente, vestidos de formas jurídicas y, más temprano que tarde, impuestos a quema ropa y a como dé lugar frente a los ciudadanos.

Un sistema cosmético que en el discurso defiende al ciudadano pero que en la práctica claudica frente al poder político devela lo corrompido que se encuentra nuestro sistema democrático, lo vulnerables que somos frente al poder público y el desamparo en el que un sistema político absolutista y con clarísimos rasgos dictatoriales ha dejado al ciudadano.

Quizás uno de los peores legados que nos deja este Gobierno es una idea. La idea de que el poder se impone a como dé lugar y lo capta todo. Cortes, estrados, jueces, medios y discursos. Esta idea pueril de que el poder puede hacerse de los derechos ciudadanos para defender su legitimidad política y crear un sistema que resguarda su antojo.

Ahora que estamos en época electoral y que todo se centra en lo económico y en las cifras, cabría preguntarnos cómo rebatiremos y sepultaremos esta idea de que el poder se impone como una aplanadora frente a todos. Este proceso de deconstrucción será uno de los retos más importantes del siguiente Gobierno y ahí se verá quién es quién. Quién es capaz de negarse un poquito a sí mismo en pro de la vigencia de los derechos ciudadanos. Amanecerá y veremos dijo el ciego.

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