Ecuador. miércoles 13 de diciembre de 2017
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Incremento del impuesto a la plusvalía

Juan Carlos Díaz-Granados Martínez
Guayaquil, Ecuador

Pareciera una cortina de humo para que dejemos de conversar sobre la red de corrupción.

No se explica de otra manera. Lo cierto es que lastima al candidato oficialista: tanto si apoya el proyecto como si contradice al presidente. Es difícil defender un impuesto desproporcionado del 75 % sobre las utilidades generadas por la compra venta de bienes inmuebles. Algo que ataca el derecho a la propiedad y a la legítima utilidad después de haber pagado tributos para comprar un bien inmueble. Un impuesto confiscatorio que desmotiva la demanda de los planes inmobiliarios y la inversión.


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El proyecto de Ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos no pudo haber sido propuesto en peor momento. Justamente cuando se requiere de incentivos para que el sector inmobiliario resurja y fomente la creación de empleos.

Nadie querrá invertir en bienes inmuebles si sabe que en algún momento le van a cobrar un impuesto desproporcionado. No es correcto que el oficialismo alegue que los bienes inmuebles ganan plusvalía por la obra del gobierno. La obra pública es financiada con nuestros impuestos. Los gobiernos seccionales nos cobran contribuciones de mejoras cuando considera que los bienes inmuebles ganan plusvalía. Subvencionamos a la administración pública para que haga obras.

Uno decide invertir en bienes inmuebles para tener un lugar donde vivir o como una forma inteligente de ganar rentabilidad. Hacer crecer económicamente el patrimonio familiar. La intención no es compartir con el Estado las ganancias que rinda el bien. El fin de esa organización política no es “recuperar inversiones”, como consta en la exposición de motivos del proyecto de Ley, o definir cuándo se produce una ganancia ordinaria o extraordinaria en la venta de un bien inmueble.

Si una persona asume el riesgo de comprar un bien inmueble existen dos opciones: que gane plusvalía o que pierda. Obviamente el Estado jamás va a apoyar financieramente al comprador que perdió (porque la zona se volvió insegura, por ejemplo), pero se convierte en su socio cuando gana. ¿Injusto no?

El proyecto faculta la cobranza del impuesto a la plusvalía a los bienes inmuebles rurales. Antes solamente eran sujetos pasivos los propietarios de los bienes inmuebles urbanos.

También desfinancia a compradores que quieren adquirir un nuevo bien inmueble o a aquella persona que vende por necesidad.

Este es un proyecto de corte comunista al que nos debemos oponer por principio, porque se debe respetar el derecho de los ciudadanos a progresar a través de las inversiones legítimas. El Estado no tiene justificación alguna para recibir un setenta y cinco por ciento de las utilidades de la compra venta de una propiedad.