Ecuador. Jueves 17 de Agosto de 2017
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Palazo a antimonopolios

Eduardo Carmigniani
Guayaquil, Ecuador

Un tribunal de apelaciones de la Corte Provincial del Guayas acaba de dar un palazo a la pirueta lingüística con la que el superintendente antimonopolios intentó que se venda la marca de cervezas Club, como condición para que se concrete la unión de las dos mayores cerveceras ecuatorianas. El tribunal anuló esa decisión afirmando que con ella se habían violado los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso.


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Y en efecto hubo tales violaciones, y es fácil constatarlo: la unión de aquellas empresas fue autorizada -ese fue el verbo utilizado- por la comisión que en primera instancia se encarga de estas cosas en la Superintendencia. Si bien impuso unas condiciones, estas debían cumplirse posteriormente (al punto que encargó a un funcionario inferior que “…realice el seguimiento del cumplimiento de las condiciones… …para lo cual informará de manera semestral…”).

Resulta, sin embargo, que meses más tarde al superintendente Páez, “de oficio” se le ocurrió agregar una nueva condición (la venta de la marca Club), que a sus subordinados se les habría pasado por alto, y pese a que muy claramente la ley de la materia (art. 24) dice que lo aprobado en primera instancia solo puede ser modificado por el superintendente si la decisión hubiese sido obtenida con base en “información falsa o incompleta proporcionada por el solicitante”, cuestión muy grave que ni siquiera fue argumentada como causa para agregar la susodicha condición. El pretexto usado (no es broma) fue que en primera instancia no se había “autorizado” la unión (pese a que ese fue el verbo usado). Que se la había “condicionado”, y que el artículo 24 solo se aplica a los casos de autorización…

El tribunal que anuló lo resuelto por el señor Páez no se comió el cuento de ese juego de palabras y dijo que se “violentó el debido proceso al imponer de oficio otro requisito adicional, dentro de un proceso que no era el determinado para ese tipo de casos” y que violó la seguridad jurídica por no respetar la norma que fija las causales por las que se puede cambiar una “autorización”.

Semejante varapalo.