Ecuador. domingo 19 de noviembre de 2017
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El 444

Hernán Pérez Loose
Guayaquil, Ecuador

Una vez que la dictadura aseguró su permanencia en el poder a través del sistema electoral que controla, ahora les toca a los organismos judiciales hacer su trabajo.

No contentos con auspiciar un fraude descarado –fraude que fue desde el uso de recursos estatales (medios, burocracias, presupuesto, etcétera), en favor del candidato oficial, hasta la negativa del recuento total, y la desvergüenza de llevar inclusive papeletas planchaditas para el recuento parcial, pasando por el apagón informático–, no contentos con eso decíamos, ahora la dictadura se apresta a rematar a sus víctimas del fraude con la persecución penal.


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Fiel a la cosmovisión fascista que considera a la política como una guerra y a los adversarios como enemigos (Schmitt), la dictadura ahora se propone aplastar a todos quienes osaron desafiarla. Y si para eso hay que inventar delitos, forjar pruebas, y crear aberrantes teorías jurídicas, lo hará. Después de todo, ella cuenta con un andamiaje judicial penal inimaginable, con fiscales y jueces que han convertido al derecho en un instrumento de opresión y no en un baluarte de nuestras libertades, (Loretta Lynch). La prueba más reciente ha sido el caso de una jueza que condenó por calumnias a quienes tuvieron la valentía de denunciar actos de corrupción, para que luego el licenciado se luzca con un generoso perdón. Es decir, han llegado al extremo de criminalizar hasta la honradez.

Solo aquellos que tienen en muy poca estima su dignidad comparecen ante nuestros jueces penales –donde los Paredes, las Matamoros, etcétera– para solicitarles que reparen su honor supuestamente mancillado. Para preservar su honor, las personas decentes no necesitan de jueces, les basta el veredicto de sus pares. Así como los líderes de verdad no necesitan pagarle a la gente para que vayan a festejarlos.

Y si lo anterior no fuese suficiente ahora vienen con el show de apresar –coincidentemente ya pasadas las elecciones– a un exministro por el caso Odebrecht, como si los ecuatorianos fuésemos tan bobos de creer que el Ecuador fue el único país donde esa empresa se limitó a coimar a funcionarios de tercer nivel.

No nos engañemos. El laberinto que ha forjado la dictadura para perpetuarse y asegurar su impunidad no se desmontará así nomás. Basta ver a Venezuela. En cuatro años más, cuando sientan que su control sobre el Estado está en juego, se repetirá el fraude electoral sistémico. Y así sucesivamente. Las instituciones republicanas seguirán secuestradas por un partido, y el “capitalismo a dedo”, la corrupción y la impunidad continuarán floreciendo, todo ello gracias a una compleja estructura jurídica que lo garantiza. La cuestión no es entonces que el licenciado sea buenito y no prepotente como el dictador saliente –como si debiésemos mendigar por nuestros derechos–, sino si preferimos vivir en una república, con una democracia constitucional o no.

¿No habrá llegado, entonces, el momento de aplicar el artículo 444 de la moribunda Constitución, recoger las suficientes firmas y convocar directamente a una Constituyente, el histórico camino para salir de dictaduras, u otra vía similar? (O)